La introducción de la competencia entre los registradores de la propiedad provoca discrepancias entre ministerios

La introducción de la competencia entre los registradores de la propiedad está provocando discrepancias en el seno del Gobierno. El Ministerio de Economía ha elaborado un texto para modificar la Ley Hipotecaria a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales y cambiar los usos tradicionales de la actividad de registro. La iniciativa del departamento que dirige Rodrigo Rato, denominada Acción Administrativa en Materia de Seguridad Jurídica Preventiva, ha topado con las reticencias, al menos, del Ministerio de Justicia, de acuerdo con las fuentes consultadas.

El objetivo de Economía es introducir la competencia en el cuerpo de registradores de la propiedad, que está formado por unos 900 miembros. A ese cuerpo pertenece, entre otros, el vicepresidente primero y ministro de Interior, Mariano Rajoy.

Según el mencionado texto, que afecta también a la actividad de los notarios, a partir de su aprobación, los ciudadanos podrían decidir a qué registrador acudir en el momento de calificar los títulos que se presentan en los registros públicos. Ello podría suponer, según las fuentes consultadas, una importante rebaja en los precios que estos profesionales aplican. Hasta ahora, la condición de registrador lleva aparejado el ejercicio de la actividad en una zona concreta y delimitada y una importante discrecionalidad a la hora de cobrar honorarios.

El plan contempla en su artículo 20 que 'la reserva del derecho de libre elección de registrador deberá constar siempre en todo instrumento público que contenga actos o contratos susceptibles de inscripción. A tal efecto, el notario autorizante deberá hacer expresa advertencia a los intervinientes de tal facultad'.

Además, el proyecto contiene otras medidas importantes para el bolsillo del ciudadano, como la reducción de tamaño de los documentos notariales (lo que podría suponer un ahorro de entre 4.000 y 5.000 pesetas por escritura); el acortamiento de los plazos de inscripción (el plazo máximo para calificar se reduce a 15 días y si se supera no puede haber cobro) y la ampliación de la publicidad y libre acceso a los libros de registro, incluso por Internet.