El PP paraliza con una enmienda a la ley universitaria la convocatoria de plazas docentes

El PP en el Congreso modificó en la madrugada de ayer el proyecto de Ley Orgánica de Universidades para eliminar el periodo transitorio de seis meses que recogía el texto para la convocatoria de plazas pendientes de profesor funcionario. El cambio legislativo implica que a partir de la aprobación de la ley, prevista para antes de enero, no se podrán convocar plazas hasta que no esté desarrollado el nuevo sistema de habilitación (un examen de ámbito nacional), cuya puesta en marcha, según los rectores, puede tardar un mínimo de dos años.

Los profesores que quieran acceder a una plaza de titular universitario o de catedrático tendrán que esperar a que el Gobierno organice las pruebas de habilitación nacional que se introducen con la ley como nueva forma de seleccionar al profesorado. Tras esta autorización estatal, cada universidad podrá elegir a sus profesores mediante el sistema que prefiera (examen, currículo o entrevista) entre los habilitados.

Los rectores denuncian que esta medida 'paralizará la contratación de profesores funcionarios porque la habilitación tardará entre uno y dos años en ponerse en marcha', señala el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza.

En ese plazo, el Gobierno tiene que elaborar los reales decretos que señalen cómo se regulan las pruebas de habilitación, y las universidades tienen que crear los claustros provisionales que elaboren los nuevos estatutos, según las indicaciones de la ley. Habrá que esperar a que esos estatutos se aprueben en cada centro para saber cómo va a ser su sistema de acceso del profesorado habilitado a cada plaza vacante.

Los rectores recuerdan además que está en marcha el plan de estabilidad del profesorado a aplicar en tres años (2000, 2001 y 2002), promovido por el anterior ministro de Educación, Mariano Rajoy, para otorgar seguridad laboral a un número determinado de docentes. 'Eliminar el periodo de seis meses para la puesta en marcha de los concursos pendientes colisiona con el plan de promoción que aprobó el Gobierno y lo cercena', señala De la Plaza. El presidente de los rectores no se explica la conducta del Gobierno en este tema: 'Este acuerdo se debatió mucho en el Consejo de Universidad y el propio Estado acordó un credito de 21.000 millones en tres años para ejecutarlo. El Estado aportaba 7.000 millones anuales y las comunidades unos 7.500 millones más a lo largo de los tres años'.

El Gobierno ha sugerido que se están convocando 'demasiadas' plazas. Pero el presidente de los rectores asegura que 'están saliendo a concurso y publicándose en el BOE plazas del plan que promovió Rajoy, nada más'.

Fuentes de Educación negaron ayer que se vaya a incumplir el plan de estabilidad y aseguraron que 'seguirá en los mismos términos en cuanto a inversión y plazos de ejecución'.

El profesorado contratado (no funcionario) representa el 45% de los docentes universitarios, lo que incumple la legislación vigente, ya que la Ley de Reforma Universitaria señala que debe haber como máximo un 20% de contratados, no funcionarios, en las universidades no politécnicas, y un 30% en las politécnicas.

El plan promovido por Rajoy hacía posible dar una plaza estable a alrededor de 10.000 profesores entre los que están en precario. Se calcula que unos 35.000 están con contrato temporal en las universidades.