Una amenaza al sistema

Se estima que el volumen de activos financieros registrados en las entidades situadas en paraísos fiscales es similar al producto interior bruto de los EE UU. En sus inicios, los paraísos fiscales fueron el refugio de los capitales que buscaban el anonimato y la baja o nula presión fiscal huyendo de los países donde estaban sujetos a tributación. Hoy día, debido al secreto bancario y a la ausencia de regulación y supervisión de las entidades de crédito, algunos de estos paraísos son, además, centros de blanqueo del dinero procedente de actividades delictivas, de forma que por los mismos circuitos se desplaza el dinero evasor de impuestos y el dinero procedente del crimen organizado y la corrupción.

La lucha contra los paraísos fiscales ha concitado la cooperación internacional, tanto en el campo financiero como en el fiscal, y es que, al igual que ésta ha permitido alcanzar los efectos beneficiosos de la liberalización del comercio internacional, de la libre circulación de personas o de la libertad de establecimiento, también es necesaria para evitar los efectos negativos que se derivan de los paraísos fiscales.

En el campo financiero, el grupo de países del G-7 creó en 1989 el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI), al objeto de promover la aplicación de las normas internacionales sobre prevención y represión del blanqueo de capitales en todos los centros financieros, incluidos los de los paraísos fiscales. En junio de 2000, el GAFI aprobó un informe en el que, sobre la base de 25 criterios, se calificaba a 15 jurisdicciones como no cooperantes en la lucha contra el blanqueo por no tener normas para identificar a los clientes de las entidades financieras ni para conservar y comunicar a las autoridades competentes información relativa a operaciones sospechosas del citado blanqueo. La mayor parte de las jurisdicciones afectadas son paraísos fiscales clásicos, como Bahamas o Caimán.

Las actividades del GAFI imponen una fuerte presión sobre los países y territorios afectados, no sólo por el efecto deshonroso que supone figurar en la lista negra, sino porque podrían ser objeto de la aplicación por otros países de un conjunto de medidas de diverso rango que podrían llegar hasta la no realización de transacciones económicas con ellos, lo que ha llevado a algunos paraísos fiscales a adoptar posturas de abierta colaboración con las directrices del GAFI.

En el ámbito fiscal, las medidas adoptadas tienen, fundamentalmente, carácter unilateral y están dirigidas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que operan en paraísos fiscales. Así, en el caso español, existen medidas para que tributen determinadas rentas obtenidas por residentes españoles a través de sociedades o de instituciones de inversión colectiva constituidas en paraísos fiscales. Sin embargo, las medidas unilaterales son claramente insuficientes.

Los efectos perniciosos que genera la evasión fiscal internacional a través de paraísos fiscales, en palabras del secretario general de la OCDE, se ciernen sobre los países que tienen impuestos para proveer servicios que satisfagan las necesidades de sus ciudadanos. En el informe elaborado por la OCDE en 1998 sobre Competencia Fiscal Nociva, relativo a actividades fácilmente deslocalizables (financieras y de servicios), se señala que los paraísos fiscales afectan a la localización de estas actividades, erosionan las bases tributarias de otros países, distorsionan los patrones de comercio e inversión y minan la justicia de los sistemas fiscales, enumerándose una serie de criterios para identificar a los paraísos fiscales (baja o nula tributación, falta de intercambio de información y transparencia...) que, en el informe de avance de junio de 2000, eran cumplidos por 41 de las 47 jurisdicciones estudiadas. No obstante, once de ellas (Caimán, Bermudas, Chipre, Malta, Mauricio, San Marino, Isla de Man, Antillas holandesas, Seychelles, Aruba y Bahrein) han asumido ante la OCDE el compromiso de eliminar antes de que finalice el año 2005 sus medidas fiscales perjudiciales, así como de aplicar estándares internacionales en materia de intercambio de información fiscal, tales como levantar el secreto bancario en caso de delito fiscal o comunicar los beneficiarios reales de las operaciones. Esto hará que, por ahora, no aparezcan en la lista de paraísos fiscales no cooperativos, contra los cuales el resto de los países miembros podrán aplicar medidas defensivas coordinadas.

Está pendiente otro informe de avance de la OCDE en el que uno de los aspectos fundamentales será conocer la influencia que finalmente haya tenido en el mismo la posición de Estados Unidos, que ha variado desde un inicial apoyo a los trabajos a una visión más restrictiva de los mismos, según lo publicado en el Washington Times el pasado mes de mayo. Es probable que los acontecimientos del 11 de septiembre influyan positivamente en la lucha contra los efectos nocivos, financieros y fiscales de estos paraísos. Los resultados que cabe esperar de la misma serán tanto mayores cuanto mayor sea la sensibilidad de la opinión pública respecto de la amenaza que constituyen los paraísos fiscales para las instituciones democráticas.

Silvia López Ribas y Eduardo Sanz Gadea son inspectores de Hacienda del Estado.