La coalición más difícil de forjar

Conseguir una coalición antiterrorista como la que anunció el presidente Bush a raíz de los atentados del día 11 de septiembre es un compromiso más difícil de conseguir que una alianza militar como la que se formó durante la guerra del Golfo. De momento, y además de los acuerdos bilaterales a los que está llegando, el secretario de Estado, Colin Powell, quiere que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apoye una nueva resolución, de forma que quede codificada en derecho internacional, por primera vez, la obligación que tienen los Estados de negar ayuda a los grupos terroristas.

El texto alude también a la obligación de perseguir sus redes de financiación y aconseja a los Gobiernos compartir la máxima información posible al respecto. La resolución se aprobará probablemente en unas horas, pero deja sin resolver un problema básico: quién decide qué es terrorismo y cuáles son esas organizaciones.

El primer problema es fijar un objetivo claro que no implique discutir sobre qué es terrorismo

Powell tiene el empeño de que la Administración de Estados Unidos no choque con la ONU

El primer gran problema para formar una coalición antiterrorista va a ser, precisamente, cómo fijar un objetivo claro que no implique una larga discusión teórica sobre qué es terrorismo, un fenómeno que los organismos internacionales nunca han podido definir con exactitud. El segundo gran problema es que Estados Unidos, en una guerra a medio o largo plazo, no precisará ayuda militar, pero sí el apoyo de los servicios de espionaje de muchos otros países, algo casi imposible en un mundo en el que la información ayuda también a conseguir contratos y concesiones petrolíferas.

Powell se ha tomado como un empeño personal conseguir que la Administración de Bush se mueva de acuerdo con ciertas bases legales y sin provocar enfrentamientos dentro de la ONU. Para aumentar su credibilidad, logró que el presidente Bush enviara hace dos días al Congreso y por la vía de urgencia dos acuerdos internacionales patrocinados por la ONU precisamente sobre medidas para combatir la financiación de grupos terroristas (de octubre de 1999) y sobre cooperación frente a actos terroristas cometidos con explosivos, que EE UU no se había dado prisas en ratificar hasta ahora. Además, el Congreso aprobó repentinamente el pago de 585 de los 862 millones de dólares que EE UU debe a la ONU y que los republicanos se negaban a abonar. El pasado miércoles, Powell llamó a Washington al representante de Irlanda ante Naciones Unidas, Brian Cowen, que relevará inmediatamente a Francia en la presidencia del Consejo de Seguridad, y le propuso una serie de nuevas medidas. La propuesta norteamericana supone invocar el capítulo 7 de la Carta de la ONU y convertir en obligación internacional, derecho internacional y no meras recomendaciones, mecanismos que ayuden a controlar tanto las organizaciones terroristas como sus vías de financiación, desplazamientos e instalaciones. Los Estados que no se sometan a esas reglas podrían ser sancionados internacionalmente.

La anterior resolución del Consejo de Seguridad (número 1.368), fue adoptada el día siguiente de los atentados y se refiere sólo a esos actos en concreto, calificados de 'terrorismo internacional'. El texto, aprobado por unanimidad, pide a los Estados 'que trabajen conjuntamente para llevar a la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de esos actos terroristas', y subraya la responsabilidad de 'quienes ayuden, apoyen o alberguen a los autores, organizadores y patrociandores de dichos actos'. Finalmente hace un llamamiento a los países miembros de la ONU para que 'redoblen sus esfuerzos para prevenir y suprimir los actos terroristas'. La mayoría cree que el texto aprobado el día 12 sería suficiente para justificar legalmente la respuesta militar norteamericana sobre Bin Laden y Afganistan, si existen pruebas de su implicación en los atentados de Nueva York y Washington. Otra cosa es que dé cobertura legal a una campaña antiterrorista global. Israel, por ejemplo, y su gran grupo de influencia en Estados Unidos, desearían que todo el mundo se comprometiera a perseguir las vías de financiación de algunas organizaciones que considera terroristas como Hamás, pero muchos países árabes moderados y organizaciones internacionales creen que no se puede meter a todos estos grupos en el mismo saco. Para ellos hay que tener en cuenta que participan en una lucha de liberación nacional y que además algunas de ellas prestan una gran labor social. Hamás, por ejemplo, cuenta en Palestina con hospitales y redes de escuelas que no pueden quedar ahogados financieramente sin causar verdaderos problemas asistenciales.

Las luchas anticolonialistas en su momento, y hoy día de los palestinos por recuperar el control en los territorios ocupados por Israel, han sido siempre una fuente de confusión sobre el tema del terrorismo. La ONU, en una resolución de 30 de noviembre de 1970, reconoció la legitimidad de la lucha 'de los pueblos bajo dominación colonial o extranjera' y su derecho a utilizar 'todos los medios a su disposición'. Considera también que adquirir y conservar territorios en conflictos armados es una violación del derecho internacional. Estados Unidos se encuentra, pues, con que definir el terrorismo ha sido hasta ahora una tarea académica imposible. Cada organismo cuenta con su propia definición (ni tan siquiera coinciden las del FBI, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa norteamericanos). Naciones Unidas tampoco ha logrado un consenso. Sobre todo, porque se trata de una organización destinada a defender a los Estados de ataques exteriores y en la mayoría de los casos el terrorismo ha estado vinculado y se ha desarrollado en escenarios 'interiores'.

Los atentados del día 11 de septiembre han abierto, sin embargo, una nueva puerta y un camino que normalmente el resto de Occidente hubiera necesitado una década para recorrer. No sólo porque los aviones secuestrados se estrellaron contra Nueva York y Washington, es decir, contra el país más poderoso, prácticamente hegemónico, sino también porque se trata de un nuevo tipo de terrorismo 'global' o internacional que ni tan siquiera presenta reivindicaciones políticas concretas (nadie ha emitido un comunicado explicando por qué atentaba contra las Torres Gemelas y el Pentágono y nadie ha pedido que Washington haga o deje de hacer algo en concreto para evitar nuevos ataques).

Algunos expertos estadounidenses lo califican además de 'terrorismo privatizado', es decir, llevado a cabo por estructuras que pueden contar con el apoyo y ayuda de algunos Estados, pero que son básicamente organizaciones 'privadas' que funcionan utilizando todos los recursos de la nueva globalización. La paradoja es que, para hacer frente a ese nueva violencia, una buena parte de la sociedad americana pide la renacionalización de la seguridad, de forma que sean cuerpos federales los que se ocupen, por ejemplo, de la seguridad de los aeropuertos y de los aviones. Los esfuerzos de Powell para asentar la posición norteamericana desde el punto de vista del derecho internacional están más relacionados con acciones futuras que con el posible ataque contra Bin Laden y Afganistán, un país ligeramente más pequeño que Tejas. La decisión crítica para el futuro de la alianza que empieza a forjarse será el alcance y el calendario de estas otras acciones. El sector más conservador de su partido sigue exigiendo que Powell 'no convierta el primer paso en el último paso' y reclamando a Bush que extienda sus ataques a Irak y otras zonas musulmanas del mundo. Pero otras voces casi tan conservadoras como Pat Buchanan salieron ayer sorprendentemente en defensa del secretario de Estado: la guerra que quieren Israel y Wolfowitz, viene a decir Buchanan, es la misma que quiere Bin Laden, en la que las primeras victimas serían los musulmanes moderados.