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Juegos de números

Si el debate sobre financiación autonómica se hubiera centrado en una valoración ponderada del modelo, soy el primero en afirmar que el reciente acuerdo, aunque insuficiente, representa un paso adelante: sustancialmente por la cesta de impuestos, que permitirá una menor dependencia respecto de las transferencias del Estado, y por la incorporación de la sanidad a la financiación de carácter general. Ahora bien, CiU ha querido presentarlo a la opinión pública como si se hubiera alcanzado un resultado excepcional en términos de cuantía. Y aquí hay que decir que, lamentándolo mucho, los resultados son sólo mediocres para Cataluña.

El Gobierno de la Generalitat ha negociado desde una posición de extrema debilidad, porque depende de los votos del PP en el Parlament, pero en cambio el Gobierno español no necesita para nada en Madrid los votos de CiU. El PP, además, tenía ganas de resarcirse del acuerdo de 1996 en el que pareció que se había plegado a las exigencias de CiU. En estas condiciones era un suicidio político acudir a negociar en solitario. ¿Qué fuerza podía tener CiU para negociar con aquellos de los que depende en el Parlament? La Generalitat, en realidad, no ha ido a esta negociación a conseguir una buena financiación, sino el apoyo del PP al Gobierno de CiU hasta el final de la legislatura. Y por si no quedaba claro, dos días después de firmado el acuerdo, una vez demostrada su buena conducta, Aznar recibió a Pujol para garantizarle este apoyo.

Ahora bien, CiU había jugado muy fuerte en esta cuestión. La había convertido en la piedra angular de su acción política en esta legislatura, después de reconocer que había fracasado en su otro gran objetivo, aumentar las cuotas de autogobierno. Por otra parte, el pacto con el PP, totalmente inexplicable en el terreno de los principios, sólo podía justificarse en el del pragmatismo, es decir, si era capaz de producir resultados tangibles. CiU está, pues, en falso, porque no puede exhibir unos buenos resultados, pero sólo si los exhibe puede justificar la continuidad de su pacto con el PP. Por esto, porque está en falso, es por lo que ha emprendido esta campaña de márketing. Porque cuanto mayor es la distancia entre lo que se dice y la realidad, mayor debe ser el despliegue mediático para enmascarar y distorsionar los hechos.

¿Cuál es la realidad? La realidad es que la Generalitat ha obtenido mucho menos de lo que dice, alrededor de la mitad, y muchísimo menos (aproximadamente la décima parte) de lo que se comprometió a obtener con el pacto fiscal. El consejero Homs y el Gobierno de la Generalitat nos han ofrecido muchas cifras y muchas previsiones. De todas ellas el único dato real e incontrovertible es el aumento de la cuantía de financiación realmente acordado. Pues bien, este aumento cabe cifrarlo en unos 40.000 millones de pesetas en 1999 (que es el que se ha utilizado para realizar los cálculos) y aproximadamente en unos 50.000 en 2001, que podemos considerar el año base antes del nuevo periodo 2002-2006. Es decir, el aumento de cuantía derivado de la nueva financiación vendrá a representar alrededor del 2,5% de los recursos globales de la Generalitat, que se sitúan, en 2001, por encima de los dos billones.

A partir de aquí, la lluvia de cifras con las que el Gobierno de CiU pretende confundir a la opinión pública (los 230.000 millones que según dice se obtendrán de más el 2006 y los 770.000 acumulados a lo largo del periodo) son fruto de un ejercicio de prospectiva más que discutible. Porque ni es cierto que todos los recursos que proporciona el nuevo modelo vayan a crecer más de lo que crecían los del antiguo, ni, de acuerdo con las tendencias constatables, el diferencial de crecimiento será tan alto como se pretende. Más bien, si empeora la coyuntura, puede suceder lo contrario. En realidad, el cambio de modelo sólo permite abrigar hipótesis fundadas de un mayor crecimiento en el caso de los recursos destinados a la sanidad, que hasta ahora crecían según el PIB nominal del Estado y ahora lo harán según vayan los rendimientos de IVA e impuestos especiales en Cataluña (es decir, la recaudación estatal y el consumo en Cataluña). Ahí sí cabe esperar una mejora, aunque hay que tener presente que, según los últimos datos disponibles, el consumo puede estar creciendo actualmente en Cataluña por debajo de la media española.

Pero en todos los demás recursos, las cosas en ningún caso irán mejor con el nuevo modelo. Porque en el IRPF se ha eliminado la garantía del PIB, y en las transferencias recibidas vía PIE (ahora Fondo de Suficiencia) no está nada claro que la pauta de evolución introducida por el nuevo modelo sea más dinámica. En cualquier caso, no resulta arriesgado aventurar que en el escenario más favorable (es decir, suponiendo que en todos estos otros ingresos las cosas continuaran igual), los recursos adicionales que obtendrá la Generalitat gracias al acuerdo son muy inferiores (aproximadamente la mitad) de lo que pretende el Gobierno de CiU.

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Naturalmente, todas estas previsiones están sujetas al comportamiento de distintas variables. Y como que lo que cuenta son los hechos, no vamos a embarcarnos ahora en una batalla de cifras. El tiempo dará y quitará razones. Se admiten apuestas sobre cuanto tiempo pasará antes de que los mismos que hacen ahora estas demostraciones de triunfalismo y de autocomplacencia empiecen a reclamar más dinero.

Pero es que, además, la cuantía obtenida, y la que CiU dice que ha obtenido, es muy inferior de la que dijo que obtendría. ¿Hemos de recordar los 400.000 millones del pacto fiscal? ¿Hemos de recordar las aspiraciones que se contenían en el mismo: 60% de IRPF, 50% de IVA y Sociedades y 100% de impuestos especiales? Traducido al año 2001 ello hubiera supuesto, como mínimo, 550.000 millones adicionales, cuando la cuantía que realmente se obtendrá de la actual negociación rondará los 50.000 millones, como antes se ha señalado. Es decir, el Gobierno de CiU ha obtenido la mitad de lo que dice y la décima parte de lo que dijo que obtendría.

Atención, esto no supone reivindicar las cuantías del pacto fiscal. La propuesta de los 400.000 millones siempre me pareció fuera de la realidad. Hay que recordarla, pues, no para echar en cara que no se haya obtenido, sino para evitar que los que la propusieron se puedan permitir hacer dos veces demagogia: una vez cuando la propusieron; y ahora otra vez, pretendiendo encima que la han obtenido.

Antoni Castells es catedrático de Hacienda Pública y secretario de Economía del PSC

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