Crecen las sospechas

La comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pilar Valiente, para explicar en el Congreso el gran desfalco financiero de Gescartera no sólo no ha aclarado el desairado papel de las autoridades de supervisión en el escándalo, sino que ha agravado las sospechas de que la Comisión actuó de forma claramente deficiente en la detección, intervención y tratamiento de la crisis financiera. Pilar Valiente convirtió su intervención en una descripción de los acontecimientos que permite dudar de forma inmediata de que la gestión del organismo regulador del mercado de valores se lleve a cabo con la profesionalidad debida.

Para empezar, es inaceptable el argumento sugerido de que Gescartera se autorizó para intensificar la vigilancia sobre sus cuentas, que, como sociedad de cartera, estaban 'en base semestral', por emplear la expresión de la presidenta, y después pasaron, como agencia de valores, a examen mensual. Si la sociedad base de Gescartera era sospechosa, como se desprende de la declaración de Valiente, lo lógico, prudente y legal era enviar a los inspectores y esperar sus informes.

Pero lo que constituye un despropósito es la justificación de que el consejo de la CNMV, para autorizar la conversión en agencia de valores, consideró favorablemente el que el consejero delegado de la nueva agencia fuera un director general de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles); como si la presidenta y el consejo desconocieran la obligación legal de exigir la honorabilidad a todos los directivos y a todos los accionistas, entre los que se encontraban Antonio Rafael Camacho y José María Ruiz de la Serna, sancionados previamente por 'resistencia a la actuación inspectora', precisamente uno de los motivos que esgrime la Ley de Mercado de Valores para denegar la constitución de una agencia.

El momento cumbre de la comparecencia se produjo cuando la presidenta de la Comisión describió cómo en el mismo consejo (celebrado el 13 de julio de 2000) que sancionó a Gescartera por resistencia a la acción inspectora se aprobó su transformación en agencia de valores. Aunque es cierto que Pilar Valiente no era entonces presidenta, tal confesión de parte bastaría para descalificar la actuación de la Comisión. Pero es que tampoco aclaró nada sobre las sanciones no publicadas a Camacho y Ruiz de la Serna y pasó sin mancharla ni tocarla sobre la gravísima acusación, vertida por el PSOE, de que convirtieron una sanción muy grave en otra grave para justificar que no se diera a publicidad.

Todo lo que se va abriendo paso en este penoso asunto, incluidas las declaraciones judiciales de testigos e implicados, no hace sino incidir en la sensación de que Gescartera, una sociedad que ha desfalcado 18.000 millones -que se sepa hasta ahora-, fue protegida por un entramado de intereses que toca a los propios reguladores. Si el Gobierno y el Partido Popular confiaban en que la comparecencia de Pilar Valiente iba a despejar las incertidumbres, se ha equivocado de medio a medio. No sólo no lo ha conseguido, sino que las ha exacerbado. Es ahora, más que ayer, cuando se hacen necesarias otras explicaciones desde los ámbitos superiores, léase el Ministerio de Economía, para que no sólo los clientes engañados por Gescartera, sino todos los ciudadanos, recuperen la confianza en la eficiencia de un organismo tan relevante para la transparencia financiera de un país como es la Comisión del Mercado de Valores.