Mayor presión fiscal y sueldos más bajos

El plan de ajuste del gasto público aprobado ayer por el Senado argentino fue debatido durante más de un mes por la clase política. El programa, como tal, no nació hecho, sino que fue haciéndose a medida que el presidente Fernando de la Rúa lo negociaba con la alianza gobernante, primero; con los gobernadores provinciales de la oposición justicialista (peronista), después, y más tarde, por enésima vez, con su propio partido y toda la oposición. La demora y la confusión para delinear el plan, para luego sujetarlo políticamente y, finalmente, para ponerlo en marcha, agudizaron durante las últimas semanas la crisis económica que Argentina no ha sido capaz de remontar en tres años.

- El plan se trazó bajo el lema el Estado sólo gastará lo que recaude, con el fin de lograr el déficit cero a partir del mes que viene y evitar así el incremento de una deuda externa que llega a los 200.000 millones de dólares si se cuenta la pública, la privada y la de las provincias.

- La base del plan es recaudar más por un lado y reducir el gasto por otro. De forma inmediata, el Gobierno pretende ingresar más a través del aumento y la ampliación del impuesto a las transacciones financieras y de otros tributos y de la extensión del IVA a actividades hasta ahora excentas de este impuesto.

- Al mismo tiempo (ya desde este mes), el Ejecutivo recorta un 13% los salarios y las jubilaciones públicas. En conjunto, el recorte de gastos se calcula en unos 2.500 millones de dólares (unos 5 billones de pesetas) para finales de este año.

- La reducción de los salarios, sobre todo los más bajos (el recorte se produce para todos los salarios desde 500 pesos, 95.000 pesetas), es tan impopular que el Gobierno prometió que en unos meses se subirá hasta 1.000 pesos el mínimo para la reducción del 13%.