La Comisión Europea detecta contaminación por purines en el Ter

Las cuatro directivas que, según la CE, infringe la Generalitat tienen que ver con el tratamiento de residuos; la evaluación de las repercusiones de proyectos públicos o privados sobre el medio ambiente; la protección de aguas contra la contaminación producida por nitratos en la agricultura, y la libertad de acceso a la información en cuestiones medioambientales. El Gobierno catalán desconocía ayer esta actuación europea, según hizo constar a este diario.

En relación con la cuestión de la calidad del agua potable para zonas habitadas, la Comisión Europea subraya la importante presencia de microorganismos, aluminio, el plomo, el nitrato, el nitrito y los plaguicidas. Las investigaciones efectuadas por la CE han hallado que más de un 25% de muestras de agua potable extraídas del acuífero del Baix Ter excedían las concentraciones máximas admisibles de nitrato que fija la normativa europea. Como causas de este exceso de nitrato, la CE vuelve a dar la razón a las tesis aducidas por el Grup de Defensa del Ter (GDT), y subraya que 'estas infracciones se deben a una supervisión incorrecta de la producción intensiva de cerdo' en la zona.

El dictamen enviado por la CE, que según el GDT constituye un paso previo a la actuación del Tribunal de las Comunidades Europeas, obliga ahora a la Generalitat a emprender, en el plazo de dos meses, las medidas oportunas para atajar rápidamente el proceso de contaminación del acuífero afectado. El GDT estima que una vez se haya detenido el proceso de contaminación, se precisarán todavía entre cuarenta y sesenta años para devolver la calidad adecuada al acuífero del Baix Ter.

'La desafortunada gestión del Gobierno de Convergència i Unió costará al contribuyente una suma muy importante de dinero', afirman los miembros del GDT. Por eso piden que se investigue los motivos por los que la Generalitat ha permitido que las empresas de engorde de cerdos siguieran beneficiándose año tras año del incumplimiento de las directivas medioambientales comunitarias.

Enfado del consejero Por su parte, el eurodiputado por el PSC y vicepresidente del Parlamento Europeo, Joan Colom, ha afirmado que la decisión de la CE 'prueba que el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat se habría podido ahorrar el enfado que mostró al enterarse de que el Grup de Defensa del Ter había presentado esta denuncia ante la CE'. Además, añadió que la Generalitat también debería estar dispuesta a alcanzar el tan preciado nivel europeo en cuestiones de medio ambiente.

La directiva europea revisada sobre agua potable rebaja sensiblemente la cantidad de plomo y debía ser introducida en la legilación nacional el 25 de diciembre del año 2000, como fecha tope. España no lo ha respetado, como tampoco lo han hecho Francia, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Portugal, Austria y Suecia.