El arbitraje en Iberia garantiza cuatro años de paz laboral

La ansiada paz laboral en Iberia puede estar más cerca tras el laudo dictado ayer por Federico Durán, el árbitro que designó el Gobierno para resolver el conflicto que enfrentaba a la dirección de la compañía y a sus pilotos. El laudo realizado por el presidente en funciones del Consejo Económico y Social (CES), establece un convenio colectivo con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004 que las partes se comprometen a acatar, con el objetivo de evitar que en los próximos cuatro años se reproduzcan las huelgas que han venido sufriendo los viajeros de Iberia de forma endémica.

Para fortalecer ese compromiso, el laudo incluye una cláusula decisiva e inédita en las relaciones laborales de las empresas españolas: la creación de una comisión que dirimirá los conflictos que surjan por la interpretación o el cumplimiento del convenio, de forma que sus decisiones tendrán 'fuerza vinculante para ambas partes y serán inmediatamente ejecutivas'.

Con estos poderes ejecutivos, la composición de esta comisión de resolución de conflictos se antoja decisiva: dos miembros de Iberia, dos del sindicato de pilotos (SEPLA) y uno independiente. Este último tiene que ser designado de mutuo acuerdo por las partes, pero si transcurridos dos meses no ha habido consenso, será el propio Federico Durán el que nombre.

El miembro independiente se convertirá, de esta forma, en una especie de árbitro permanente, desactivando la dinámica perversa que sufre la compañía en los últimos años: los pilotos convocaban paros cuando estaban negociando el convenio y los volvían a convocar después para denunciar que la empresa estaba incumpliendo lo firmado. Con todo, la garantía de no conflictividad se establece sólo en las materias que regula el convenio, por lo que siempre se podrían plantear conflictos al margen del mismo.

Subidas condicionadas El convenio resuelve también las mejoras retributivas para los pilotos que motivaron el conflicto y que consisten, por una parte, básicamente, en el reconocimiento de subidas salariales de IPC real para los próximos cuatro años y la desaparición de las nóminas de la polémica clave 104, los descuentos pactados y aplicados desde 1995 para evitar la quiebra de la compañía. El laudo sujeta la recuperación de esos descuentos a la evolución y mejora de los resultados y la productividad de la compañía, de manera que si al terminar 2004 no se ha logrado recuperar todo lo dejado de cobrar (en torno al 12%), continuará en años sucesivos (véase información adjunta). Federico Durán resaltó ayer, al hacer pública su decisión, que el laudo 'garantiza la paz social durante cuatro años', propicia un 'cambio en las relaciones laborales' y abre una etapa de mayor confianza y colaboración entre Iberia y los pilotos.

Para Durán, 'no hay ni vencedores ni vencidos' puesto que, pese a la complejidad de los temas, se ha tratado de resolver con equidad los puntos conflictivos del VII convenio colectivo, 'salvaguardando los legítimos intereses de los trabajadores y las exigencias económicas de la empresa en un mercado como el del transporte aéreo cada vez más competitivo y abierto'. Tanto Iberia como los pilotos reconocieron esa 'equidad' y se mostraron moderadamente satisfechos con el contenido del laudo.

Desde el Gobierno, el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, que se ha erigido en uno de los protagonistas del conflicto (designó a Durán y ordenó a Iberia la reanudación de los vuelos), pidió ayer a las partes que se apliquen a reconstruir la normalidad laboral en la empresa 'al margen de las declaraciones retóricas'.

Las organizaciones de consumidores mostraron su satisfacción, aunque exigieron que se vigile el cumplimiento del laudo para lograr que se garantice a los ciudadanos que no se van a ver afectados por más conflictos. 'Si así vamos a acabar con todos los problemas que tenemos sistemáticamente cada año, pues bienvenido sea el laudo', afirmó el director de Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica. La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) fue un poco más allá: 'Habría sido mejor que el Gobierno aprobara una Ley de Huelga en servicios públicos esenciales'.

Pese a esas reclamaciones, la Diputación Permanente del Congreso rechazó con los votos en contra del PP la petición del PSOE para que un miembro del Gobierno explicara de manera 'urgente' las medidas que va a adoptar el Ejecutivo para evitar situaciones como la que se produjo hace una semana con la suspensión temporal de los vuelos tras la dimisión de 99 pilotos de sus cargos operativos en mitad del conflicto.

Los votos de PP y CiU también impidieron la comparecencia del presidente del Gobierno, José María Aznar, pedida por IU y el Grupo Mixto, para explicar el 'vacío y la descoordinación del Gobierno y el deterioro de los servicios públicos en temas como el caos aeroporturario, legionela, pesca, peste porcina y aceite de orujo'. Además, rechazó con los mismos votos la comparecencia del ministro de Fomento para informar 'del caos en los servicios aeroportuarios'.

La Bolsa acogió con optimismo el laudo y las acciones de Iberia ganaron un 0,86%, hasta 1,17 euros.