Refundar la Universidad

En los inicios del siglo XXI, las universidades se encuentran sujetas a desafíos interdependientes de distinto alcance: la globalidad, la expansión incontrolada del saber, retos culturales, sociológicos y cívicos. Sabemos que los cambios en los sistemas de transmisión del conocimiento son importantísimos. En definitiva, se produce un desequilibrio entre las exigencias que la sociedad plantea a la Universidad y su capacidad de respuesta.

Las universidades son centros de gestión del conocimiento, sus estructuras son fuertes pero anticuadas. Las universidades tienen que ser capaces de responder a diferentes demandas progresivamente complejas, y para ello tienen que cambiar. Un cambio basado en su capacidad de innovación, en su apertura a la sociedad. La diversificación y la especialización son la clave para dar respuesta a las demandas complejas. Para hacerlo, las universidades necesitan autonomía, profundizar aún más la autonomía que supuso la Ley de Reforma Universitaria (LRU). Todos los analistas coinciden en que el retorno a condiciones de estabilidad es imposible. Por ello hay que avanzar en la configuración de núcleos de dirección sólidos, unidades de conexión con el exterior, financiación diversificada y cultura emprendedora.

El proyecto del PP es regresivo, involutivo en la doble perspectiva de la autonomía universitaria y de la profundización federal de Estado autonómico

Las universidades deben asumir un talante emprendedor; en ello nos jugamos la creación de valor público desde el conocimiento porque, como afirma Josep Maria Bricall, si los gobiernos no reforman las universidades, lo harán los mercados. Con esta perspectiva debemos generar las reformas necesarias, reafirmando las condiciones de liderazgo del servicio público de educación superior: autonomía y responsabilidad, participación, competencia, diversidad y flexibilidad.

En este contexto el proyecto del PP es regresivo, involutivo en la doble perspectiva de la autonomía universitaria y de la profundización federal del Estado autonómico. Cuando las universidades deben refundarse, el proyecto opta por el uniformismo y la reglamentación; es refractario a lógicas de diversificación y asimetría; constituye, en fin, un nuevo ejemplo del impulso centralista del PP, y suscita serios interrogantes sobre el futuro de la Universidad pública.

Las nuevas demandas sociales y científicas requieren una Universidad menos regulada. La ley orgánica debe ser de mínimos, respetando la autonomía universitaria y las competencias de las comunidades autónomas y creando condiciones para un sistema de educación superior que garantice la calidad, la equidad, la autonomía, la responsabilidad y la participación.

Las reformas no pueden hacerse a coste cero y el balance de los años de gobierno del PP indica la disminución del gasto público en educación superior, que profundiza el diferencial de recursos con los países de nuestro entorno, como ha destacado un informe reciente de la OCDE. Las universidades deben obtener más recursos, abrirse al entorno y avanzar en lo que conocemos como accountability, rendición de cuentas mediante mecanismos de evaluación de la calidad de la docencia y de la investigación.

En el anteproyecto del PP se percibe, entre muchas otras, una ausencia preocupante, más cuando desde Bolonia (1998) a Praga (2001) se va configurando el espacio europeo de la ciencia. Nuestras universidades deben insertarse en los objetivos compartidos y avanzar en la Europa del conocimiento para favorecer el crecimiento social y la formación de ciudadanos, así como la competitividad, y crear un sistema educativo de calidad. Eso no es sólo homologar titulaciones, sino avanzar de la enseñanza al aprendizaje, lo cual requiere un nuevo papel docente, nuevos objetivos, metodología y evaluación. En este contexto, debe apostarse por una gran innovación docente también en atención a las demandas de los usuarios.

Pienso con Edgar Morin que la Universidad debe afrontar una doble función paradójica: adaptarse a la modernidad científica e integrarla, responder a las necesidades fundamentales de formación y sobre todo proporcionar una enseñanza metaprofesional, metatécnica, es decir, una cultura.

Montserrat Duch es diputada del Grupo Parlamentario Socialistes-CpC y secretaria de Educación del PSC.