De la privatización en Suramérica al control del gasto en Europa

Con una rápida vuelta por el panorama internacional de la reforma de las pensiones, nos gustaría extraer algunas enseñanzas para nuestro país que, en esta materia, comparte muchas características con los países más reticentes de la UE. Un sistema de pensiones cuya suficiencia financiera (o deuda implícita) no esté controlada, sea por la causa que sea, requiere una reforma a la altura del reto al que se enfrenta. Muchos países, entre los que se encuentran las economías en desarrollo latinoamericanas y las economías en transición del centro y este de Europa, han abordado, o están a punto de hacerlo, reformas en las que la capitalización privada obligatoria y la racionalización del sistema público juegan un papel preponderante. Otros países desarrollados han dado pasos igualmente decididos buscando el control del gasto público en pensiones para limitar el crecimiento de las cotizaciones o de la deuda pública, y apostando por la capitalización sustitutiva. Países como España, Francia, Portugal, Bélgica y Austria apenas han dado pasos en este sentido. Sus reformas hasta la fecha han sido tímidas, fruto de un consenso defensivo y ajenas a lo que se está haciendo en otros países.

ESTADOS UNIDOS

En EE UU, las pensiones de la Seguridad Social conviven con las pensiones de empresa y las individuales. Las empresas y los trabajadores cotizan por igual para generar una pensión pública que representa alrededor del 30% del salario final, mientras que las pensiones privadas equivalen y, a menudo superan, a las pensiones de la Seguridad Social. Estas últimas pueden ser de empresa, a las que se acoge algo más de la mitad de los trabajadores, o individuales. En su campaña electoral, George W. Bush anunció un plan de reforma de las pensiones públicas que, por el momento, no ha puesto en práctica. Dicho plan consistía en desviar dos puntos de cotización hacia cuentas individuales de capitalización, supliendo la merma transitoria de recursos para la Seguridad Social mediante otros impuestos. Hay que mencionar que en EE UU las pensiones de capitalización están generalizadas entre los trabajadores de ingresos medio-altos y los funcionarios públicos.

ALEMANIA

En Alemania, el Gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder ha iniciado una reforma, recientemente aprobada por el Bundestag, orientada al horizonte 2030. Dicha reforma limita de manera apreciable el incremento de la tasa de cotización previamente previsto por el Gobierno de Helmut Kohl, implica una reducción del porcentaje de la pensión sobre el salario y estimula fuertemente el desvío de hasta un 4% del salario bruto hacia los planes de pensiones privados. De esta manera, Alemania apuesta decididamente por un sistema mixto, proporcionando margen para que todos los trabajadores puedan hacer aportaciones de cierta relevancia. Ello se suma a las pensiones de empresa, muy presentes en este país.

SUECIA

En Suecia, la reforma radical del Estado de bienestar, completada en 1999, ha conseguido contener a largo plazo el gasto en pensiones públicas alrededor del 10% del PIB, frente a perspectivas previas mucho peores. Dicha reforma introdujo, entre otras medidas, la capitalización privada y obligatoria de las pensiones, pero la gran novedad, dado su estatuto de país europeo desarrollado, consistió en la introducción de las 'cuentas nocionales de jubilación' en el sistema público, que reemplazaron al método convencional de cálculo de las pensiones. Según esta técnica, las pensiones se calculan como el equivalente actuarial de las cotizaciones de cada trabajador durante su vida laboral, aunque se financian con las cotizaciones corrientes. Ello no garantiza el equilibrio financiero de cada año, pero instaura la tan deseada contributividad de manera efectiva, que garantiza la sostenibilidad a largo plazo.

ITALIA

En Italia, las reformas de las pensiones públicas se han producido en sucesivas ocasiones desde hace una década. Como consecuencia de ellas, se cortó de raíz el alarmante descenso de la edad de jubilación, al tiempo que se estabilizaron las perspectivas financieras del sistema, cuyos gastos se sitúan en la actualidad en el 14% del PIB, nivel que se prevé también para 2050. Ello se ha logrado mediante la introducción de una fórmula de cálculo de las pensiones similar a la de las 'cuentas nocionales de jubilación', que tiene en cuenta toda la carrera de cotizaciones de los trabajadores. La capitalización privada avanza moderadamente.

HOLANDA

Holanda afronta similares problemas de futuro en su sistema de pensiones públicas que muchos otros países de la LJE, debido tanto a la jubilación de las generaciones del baby-boom como a la generosidad de sus prestaciones. Lo que amortigua en buena medida esta situación es que las pensiones privadas se encuentran generalizadas entre los trabajadores y sus activos acumulados representan más del 115% del PIB.

REINO UNIDO

En el Reino Unido, las pensiones públicas se instrumentan mediante una prestación universal a tanto alzado y lo que queda del antiguo sistema profesional que ha sido transferido hacia las pensiones individuales desde mediados de los ochenta. Junto a ello, las pensiones de empresa se encuentran generalizadas entre los trabajadores de ingresos medio-altos. Los planes del último Gobierno conservador de John Major para privatizar el resto del sistema profesional público y someter las prestaciones universales a la capitalización no se llevaron a la práctica y el Gobierno de Blair se ha limitado a supervisar la transición del sistema profesional hacia la capitalización individual. Esta transición ha sido problemática debido a que muchos trabajadores han acabado adquiriendo derechos de pensiones individuales más caros que los correspondientes a las pensiones públicas, a las que renunciaron debido a un deficiente diseño de las primeras. Junto a Holanda, el Reino Unido es el país de la UE que mayor nivel de capitalización posee, superando sus fondos de pensión el 100% del PIB.

FRANCIA

En Francia, el Gobierno socialdemócrata de Lionel Jospin introdujo una tímida reforma del sistema de pensiones en marzo de 2000, perdiendo la oportunidad de apostar por la capitalización de las pensiones. Su situación es parecida a la española, con dificultades para avanzar por el temor de una fuerte reacción sindical.

RESTO DE LA UE

Países como Irlanda o Dinamarca mantienen sistemas mixtos en los que la capitalización privada es muy importante, aunque sus pensiones públicas adolecen de los mismos problemas, mitigados por lo anterior, que el resto de los países de la UE. Por contra, países como Bélgica, Portugal o Austria se mantienen en el ojo del huracán, al igual que España, por la preponderancia de sus sistemas de pensiones de reparto, las resistencias al cambio y la exposición excesiva al problema del envejecimiento de la población. Irlanda comparte con el Reino Unido la utilización de las pensiones públicas de reparto como mecanismo de asistencia social más que como mecanismo de seguro, de forrna que las prestaciones sólo se otorgan a jubilados con renta inferior a una cantidad.

AMÉRICA LATINA

En los países latinoamericanos, impulsados por el caso de Chile, ha prevalecido la privatización completa o parcial de las pensiones públicas. Las pensiones públicas subsistentes representan una parte considerablemente menor del paquete global de pensiones de los trabajadores. Como consecuencia, en la actualidad, una decena de países, entre los que se encuentran Argentina, Colombia, Chile, México y Perú, presentan una importante extensión de las pensiones privadas individuales obligatorias. En la mitad de ellos, las pensiones públicas desaparecerán en los próximos años.

A diferencia de lo que sucede en Europa, las pensiones públicas se encontraban lejos de su plena madurez, excepto en unos pocos países pioneros, aunque descapitalizadas y muy expuestas al abuso de las prestaciones y al absentismo de las cotizaciones frente a los que se oponía una escasa capacidad de control por parte de los responsables públicos. Las opciones adoptadas han sido, pues, radicales y el tiempo dirá cuán acertadas han sido, aunque la lección que puede extraerse es que las reformas radicales son posibles bajo una relativa diversidad de situaciones políticas, económicas y sociales.

EUROPA DEL ESTE

En los países del centro y este de Europa, las reformas, que han tenido lugar recientemente o están previstas para un futuro inmediato, han sido también radicales, aunque más centradas en la consecución de sistemas mixtos, siguiendo el modelo del Banco Mundial.

Los casos de Hungría y Polonia son los más representativos, se ha reducido y racionalizado el tamaño del sistema público y se ha introducido un sistema de pensiones individuales de capitalización obligatoria para los trabajadores por debajo de una cierta edad. Las causas que impulsaron las reformas fueron de diversa naturaleza, pero tienen que ver con la quiebra de los sistemas estatales de la era comunista.

Estos sistemas, originados al mismo tiempo que los de Europa occidental, se encontraban maduros en los años setenta, pero fuertemente ligados a los presupuestos generales y carentes de financiación propia. Tras la caída del muro de Berlín, se pusieron de manifiesto la fuerte crisis financiera y la congelación de las prestaciones en todos estos sistemas, lo que sumió en la pobreza a numerosos pensionistas. El apego de la población a las pensiones públicas ha obligado a los reformadores a buscar sistemas mixtos de reparto y capitalización obligatorios, pero el reparto público se ha racionalizado considerablemente, restableciendo la proporción entre cotizaciones y prestaciones que, en algunos casos, como el de Polonia, se ha equiparado a un equivalente actuarial mediante las llamadas 'cuentas nocionales de jubilación'. En todos estos países, las pensiones públicas se calculan, por lo general, sobre la base de toda la vida laboral. De nuevo, como en Latinoaméríca, las reformas se han llevado a cabo bajo diversas condiciones políticas, económicas y sociales, pero se han concebido, aprobado y puesto en práctica gracias a la construcción de un consenso pragmático entre los principales actores políticos y sociales ante la evidencia de que la inacción era una actitud considerablemente peor.