La Fiscalía investigará el comercio de cerdos como origen de la peste

La Fiscalía deberá decidir, a petitición del Gobierno valenciano, si se han introducido cerdos de forma ilegal en la Comunidad y si se deben emprender acciones penales contra los posibles responsables. Agricultura rechazó facilitar más datos sobre los resultados de las investigaciones que ayer puso en conocimiento de la Fiscalía. Fuentes del sector, no obstante, dirigieron sus sospechas hacia una empresa integradora catalana, que está imputada en esa autonomía en relación con la introducción de la peste porcina, y que también opera en la zona afectada por la enfermedad en la Comunidad.

Paralelamente a la apertura de esta vía judicial, ayer Agricultura decidió sacrificar 8.000 cerdos más en las 10 granjas situadas en un radio de tres kilómetros del foco de Alpuente, que se unirán a los 14.000 eliminados esta semana. El departamento, además, confirmó que la granja de Vilamarxant en la que el miércoles se sacrificaron 230 cerdos estaba infectada con peste porcina.Agricultura evitó ayer dar información complementaria sobre la decisión de ampliar los sacrificios a todas las granjas situadas en un círculo de tres kilómetros alrededor del foco de Alpuente. En cualquier caso, la información oficial distribuida explicaba que la medida se debía a 'sospechas de sintomatología inicial' detectada en las inspecciones. Por ello, a los 14.000 cerdos sacrificados estos días en las 13 granjas de Campo Abajo se unirá la eliminación de otros 8.000 (10.000 en datos de la Unió de Llauradors) en Campo Arriba, otra de las 10 aldeas de Alpuente.

Por otra parte, y tras la confirmación del brote en Vilamarxant, se estableció un nuevo cordón de bioseguridad de 10 kilómetros alrededor de la explotación. El sacrificio de animales en un kilómetro alrededor de esta explotación del Camp de Túria no será necesario porque la única explotación de la zona está vacía. Aún así, el cordón de bioseguiridad supondrá la inmovilización de 54 nuevas explotaciones y de 34.000 cerdos. Una situación, que unida a la inmovilización de las 200 explotaciones de la comarca de Los Serranos y a las de otras cuatro comarcas de Valencia, supone en la práctica que cuatro días después de la aparición del primer foco en Alpuente, aproximadamente el 33,5% de las granjas de porcino de Valencia (800) están paralizadas. Circunstancia que significa que a la prohibición de trasladar ganado vivo a la que está sujeta toda la provincia, se une la de mover animales con destino a matadero. Además, a lo largo de esta semana se están sacrificando más de 24.000 cabezas de porcino.

La Unió de Llauradors i Ramaders calcula que las pérdidas que esta situación supondrá para el sector ganadero valenciano pueden sobrepasar los 1.100 millones de pesetas, por el lucro cesante (dinero que deja de ganarse por la interrupción de la actividad).

La dispersión de brotes y la creciente preocupación del sector llevó ayer al secretario general de la Unió, Joan Brusca, a pedir que se analice toda la cabaña porcina de Valencia. 'Es la única forma de ir por delante de la enfermedad', argumentó. La propuesta se estudiará el lunes en la reunión del comité de seguimiento de la peste, aunque parece contar con la opinión favorable de la Consejería de Agricultura. El responsable agrario subrayó que esta medida sería fundamental para controlar una situación 'que se nos puede ir de las manos si continuamos yendo por detrás de los acontecimientos'. Por ellos, en la reunión del comité de seguimiento, adelantó que en función de 'las posibles novedades, se tomarán otras decisiones, ya que la situación está empeorando'.

Joan Brusca, asimismo, anunció que a partir del lunes los análisis de detección de la enfermedad (PCR), que hasta ahora se envían al Laboratorio de Referencia de Valdeolmos en Madrid, se realizarán en Valencia. Una circunstancia que imprimirá mayor rapidez a la hora de detectar nuevos brotes y evitará el retraso de días que en la actualidad se produce y el riesgo que ello implica.