Del Castillo acusa a los rectores de 'exceso de protagonismo' por sus quejas sobre la ley

La ministra de Educación justificó que las disposiciones transitorias no se expusieron al Consejo de Universidades porque un borrador no tiene por qué incluirlas ni tampoco la exposición de motivos. El texto íntegro que está en el Consejo de Estado se puede encontrar en (www.elpais.es).

Los socialistas han criticado duramente la medida: 'Se pretende poner partas arriba las universidades dando prioridad a intereses políticos y particulares por encima de los sociales y culturales de la universidad, y de su fin como servicio público', señala la responsabe de la Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón. 'El Gobierno tiene que retirar esta ley hecha en estricta soledad. Una ley debería mejorar la universidad y no castigarla'.

Los rectores, que se reunirán mañana para debatir este tema, están la mayoría 'indignados'. El rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Gregorio Peces-Barba dice que le han 'sorprendido el contenido de las disposiciones porque la ministra no hablado de ello'. 'No es necesario hacer esto y sólo por el hecho de que pueda parecer una venganza o una sanción contra los rectores por oponerse a la ley debería ser motivo suficiente para no hacerlo. Si tienen sentido común, deberían eliminarlas'.

También el rector de la Universidad de Autónoma de Barcelona, Carles Solà, es contundente: 'No tiene justificación. Estas cosas hay que hacerlas con normalidad y con respeto y no con un cambio violento. Es insólito que el Gobierno se dedique a hacer estas cosas y no planes para aumentar la financiación y las becas'.

Para el rector de la Universidad de Oviedo, Juan Antonio Vázquez, 'es una medida arrogante, cuando lo que se necesita es legitimar la ley'. Dice que hay además 'una especie de malentendido general: no se trata de que los rectores estemos defendiendo el puesto, estamos trasladando lo que las universidades han dicho: no ha habido un solo claustro que se haya manifestado a favor de la ley'. Vázquez añade que 'el cese de los rectores tiene una vertiente jurídica dudosa que podría vulnerar el principio de seguridad jurídica de los elegidos y de los electores' y que 'el corte de dos años es tremendo para la universidad'.

En este último aspecto insiste el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Raúl Villar: 'Las disposiciones adicionales es algo que el Gobierno tenía que haber debatido en profundidad con todos. Las universidades tenemos 1,5 millones de alumnos que tienen que aprender y da la impresión de que esto no se ha tenido en cuenta al decidir ponerlas patas arriba durante dos años'.