Derecho a la salud, derecho a la huelga

El conflicto en el sector de Ambulancias de Bizkaia trae a colación un tema tan importante como es el de la privatización de los servicios de salud públicos, y si es compatible esta política sanitaria con la oferta de una salud pública de calidad y la defensa de unas condiciones laborales dignas de sus trabajadores.

Osakidetza sacaba a concurso público este año la oferta del servicio de ambulancias en Bizkaia. Anteriormente otras empresas que no eran Ambulancias Bizkaia prestaban este servicio. La empresa que hoy mantiene el conflicto con sus trabajadores pujó en las condiciones más bajas con respecto al resto para obtener el contrato, condenando a sus trabajadores a salarios de miseria.

Con el traspaso, muchos de los trabajadores que hasta entonces prestaban servicios en las que quedaron fuera, perdieron su trabajo, y otros, sin alternativa, se vieron en la necesidad de pasar a depender de la empresa ganadora. Las condiciones laborales de precariedad les ha abocado a la huelga. Y ahora Osakidetza se lava las manos.

Mientras tanto, los enfermos que a diario deben ser trasladados desde sus domicilios a los Servicios de Rehabilitación, Consultas Externas, Nefrología... del Hospital de Cruces se ven sin posibilidad de seguir los tratamientos sanitarios necesarios e imprescindibles para su salud, en muchos de los casos.

Osakidetza tiene una gran responsabilidad de que esta empresa a su servicio mantenga a sus trabajadores con sueldos y jornadas tercermundistas. Y por eso tiene que agarrar el toro por los cuernos e mediar lo antes posible en este conflicto que tan negativas consecuencias está trayendo a los usuarios de la sanidad.

Osakidetza deberá hacerse cargo mientras tanto del transporte de taxi o privado de estos pacientes y no consentir que se les corte el tratamiento médico. El dinero que la administración pública utiliza para pagar a Ambulancias Bizkaia es un dinero público y debe exigirle a ésta que cumpla con el contrato. Y si para ello es necesario exigirle que entre a negociar con sus trabajadores y atender sus demandas laborales, tendrá que hacerlo. Porque Osakidetza, cada vez que privatiza un servicio y lo da a la subcontrata más económica, es directamente culpable de las condiciones laborales de sus trabajadores.