Legionela

España lleva camino de añadir un nuevo foco de peligrosidad a sus ya tristes estadísticas en accidentes de tráfico y siniestralidad laboral: las infecciones comunitarias, especialmente las provocadas por legionela, uno de los agentes con mayor capacidad de contagio y de más difícil manejo. Desde hace unos años se suceden los brotes y en todos los casos asistimos al mismo ritual de impotencia: la búsqueda a menudo infructuosa del foco emisor durante días y días, mientras el número de afectados sigue multiplicándose. Que un helicóptero tenga que sobrevolar la ciudad de Murcia para localizar torres de refrigeración da idea de la precariedad en que vive la salud pública en España, que estos días suma nuevas zozobras en materia de seguridad alimentaria.

El Gobierno de un país que desde enero del año pasado ha registrado 11 brotes distintos, con 17 muertos y cientos de afectados que han necesitado hospitalización, debería haber actuado con mucha mayor celeridad y contundencia. Las autoridades sanitarias disponen de datos suficientes para saber que estamos ante un problema de salud pública de primera magnitud y con tendencia a crecer, porque también aumentan las condiciones que lo hacen posible: una situación climática muy propicia, combinada con un crecimiento constante del número de instalaciones de refrigeración.

Algunas autoridades municipales y autonómicas han adoptado normativas destinadas a garantizar un correcto mantenimiento de estas instalaciones, pero esas normas son de un ámbito de aplicación reducido. Por eso resulta sorprendente que el Ministerio de Sanidad no haya sido capaz de arbitrar una regulación-marco que garantice las medidas preventivas en todo el territorio.

En plena crisis por el brote de Alcoy, la titular de Sanidad se comprometió a tener lista esa normativa a principios de 2001. No ha cumplido su compromiso, y la nueva oleada le ha pillado, una vez más, en situación de renuncio. Esta vez, sin embargo, no le va a salir gratis a Celia Villalobos su falta de previsión. El brote de Murcia se está revelando de una virulencia inusual. Con más de 250 personas infectadas hasta la fecha, la epidemia puede alcanzar en los próximos días mayores proporciones, ya que el periodo de incubación oscila entre 2 y 10 días. Si tenemos en cuenta que como máximo un 5% de los expuestos llega a contraer la neumonía causada por la bacteria, todo indica que son muchos los ciudadanos en riesgo.

Los nuevos casos de legionela son, por lo demás, un buen ejemplo de la creciente vulnerabilidad de la salud comunitaria en las actuales aglomeraciones urbanas, donde cualquier incidencia infecciosa, cualquier crisis alimentaria, puede tener consecuencias potencialmente muy graves. Mientras tanto, Sanidad anuncia normas que siempre parecen llegar tarde.