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Columna
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Por sus policías les conoceréis

Por una vez que se ha abierto el debate, no desperdiciemos la oportunidad de discutir el modelo policial de quienes gobiernan y de reclamar a la izquierda que sea capaz de ofrecer una alternativa

Josep Ramoneda

La política policial es un elemento central de la acción de un gobierno, y un factor clave para entenderla. Dime qué policía tienes y te diré qué política haces. Si el Estado es el depositario del monopolio de la violencia -o lo era, porque lo está cediendo alarmantemente-, la manera en que usa esta cuota tan determinante del ejercicio de la soberanía puede ser un indicador relevante de sus opciones de fondo. En estos días, la política policial ha sido noticia por dos razones distintas: por el modo en que la policía gubernamental reprimió la manifestación antiglobalización del pasado día 24 en Barcelona y por la decisión del Ayuntamiento de esta ciudad de poner cámaras de vigilancia en la plaza de Orwell y en la calle de Escudellers.

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A la primera me refería ya el pasado martes. Sin embargo, durante la semana han aparecido argumentos añadidos al debate. Desde la justicia se ha cuestionado que los policías camuflados para infiltrarse en la manifestación puedan intervenir en las cargas policiales, y más con armas no reglamentarias. Desde los comerciantes afectados por los actos de vandalismo se ha expresado estupor por la pasividad de la policía en la protección de sus bienes. Desde la policía, un comisario responsable del operativo nos sorprendió con la afirmación de que 'no se podía prever este grado de violencia'. Desde los organizadores de la manifestación se ha intentado el rearme argumental con una nueva manifestación perfectamente pacífica. Con todo ello, los interrogantes sobre la acción policial siguen intactos. Si la acción policial es el espejo de la política, todo suma en la misma dirección: hubo una estrategia deliberada para marcar con el estigma de la violencia al movimiento antiglobalización. Una cuestión, por otra parte, que estos grupos no tienen resuelta y que no está claro que puedan resolver. Pero esto es tema para otro artículo.

Hoy quiero subrayar dos cosas de este debate que lleva cola y que esperemos que acabe teniendo las debidas comparecencias parlamentarias, si queremos que el Parlamento no sea ajeno a lo que pasa en la calle. Lo primero y positivo es que el debate existe. Hay una tendencia conservadora a querer sacar la política policial del debate político. Los cuerpos de seguridad -en una tradición que empalma directamente con la dictadura- deben ser el único cuerpo del Estado que recibe calurosas felicitaciones de los partidos y de los medios de comunicación cuando tienen un éxito en el cumplimiento de su deber. Es un privilegio que no tiene ningún otro funcionario. Es el poder de la fuerza y de los riesgos que su uso comporta. Los gobiernos -sean de derechas o de izquierdas- quieren siempre que la policía esté exenta de la crítica democrática. Y en las opiniones públicas de las acomodadas sociedades de la indiferencia no es difícil que esta pretensión tenga eco. Siempre se siente cierto síndrome de Estocolmo respecto del que tiene la porra. Por tanto, es algo positivo que por una vez el debate sobre la política policial exista y no se cierre en falso como desearían muchos; el Gobierno, por supuesto, pero también parte de la oposición, que se siente siempre incómoda en estos asuntos que alteran la comodidad del centrismo bienpensante. La izquierda no debería tener ningún miedo a defender un modelo policial distinto del de la derecha. Algo cada vez más difícil porque la concepción de la seguridad se va estrechando a medida que la inseguridad aumenta. Lo cual no deja de ser una contradicción porque este aumento indica que algo se está haciendo mal.

Todavía al socaire del debate sobre la manifestación del día 24, hay un hecho que ha pasado inadvertido: la ausencia de la política autonómica. Que el Gobierno de la Generalitat ha demostrado una acreditada habilidad para estar presente donde puede haber réditos de imagen y desaparecer donde puede haber desgaste es algo de todos conocido. Pero el afán de extender la presencia de la policía autónoma choca con el escaso interés en aprovechar los resquicios legales en situaciones conflictivas. La ley que rige las fuerzas de orden público permite que sea la policía autonómica la que lo garantice en casos como el que nos ocupa. Y así acostumbra a hacerse, por ejemplo, en los actos del Onze de Setembre. ¿Por qué no en la manifestación antiglobalización? Quizá así se entienda mejor la comprensión del Gobierno catalán con la actuación policial.

Dejando ya la manifestación, la reflexión sobre el modelo policial remite a la otra cuestión polémica en materia de seguridad. Con autorización judicial, el Ayuntamiento ha decidido instalar cámaras en una calle y una plaza de Barcelona. Hace tiempo que en nombre de la seguridad van restringiéndose derechos y libertades, casi sin darnos cuenta y con la tácita aceptación de una ciudadanía muy formada en la paranoia. No vamos a sorprendernos ahora de que la seguridad tenga tanto poder obnubilador, al fin y al cabo ya nos contó Hobbes que fue por seguridad que el hombre aceptó ceder parte de sus libertades al Estado. Sin embargo, ¿realmente las cámaras tienen alguna eficacia que compense lo que se sacrifica o son simplemente un gesto para dar satisfacción al malestar ciudadano? Cabe dudar de que las cámaras sirvan para algo más que para hacer cambiar de calle a los delincuentes. Lo más probable es que lo que ahora ocurre en una plaza se desplace a la vecina. Y entonces, ¿qué? ¿Más cámaras? Los problemas policiales de Barcelona tienen mucho que ver con la situación de los cuerpos de policía: una transición entre el Cuerpo Nacional de Policía y la policía autonómica que hace que temporalmente queden plazas por cubrir y espacios por vigilar, y una larga crisis en la Guardia Urbana. Con cámaras en las calles ni se resuelven los problemas de estos cuerpos ni los problemas de fondo de zonas de la ciudad que necesitan -y no siempre tienen- otros muchos mecanismos de intervención urgente.

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Por una vez que se ha abierto el debate sobre la política policial, no desperdiciemos la oportunidad de discutir el modelo policial de quienes gobiernan y de reclamar a la izquierda que sea capaz de ofrecer un modelo policial. Está muy bien que la izquierda quiera abandonar viejos prejuicios sobre la seguridad construidos de un modo algo frívolo, pero ello no significa forzosamente asumir los prejuicios autoritarios de la derecha. Para hacer política de mano dura, la derecha siempre será mejor.

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