Bruselas declara ilegales las ayudas fiscales vascas a la inversión
La Comisión Europea ha cerrado su ofensiva a los incentivos fiscales a la inversión empresarial dispuestos en el País Vasco entre 1995 y 2000. Después de condenar su concesión a las empresas Daewoo y Ramondín, Bruselas declarará ilegal el propio régimen de las ayudas, que se concreta en el polémico crédito fiscal del 45% a las inversiones de más de 2.500 millones de pesetas y las llamadas vacaciones fiscales, que establecen importantes deducciones de la base imponible del Impuesto de Sociedades (99%, 75%, 50% y 25% en los cuatro primeros años con beneficios) para las empresas de nueva creación, que estuvieron vigentes también en Navarra.
Ambas figuras han sido derogadas por las diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en virtud de la paz fiscal que suscribieron con el Gobierno central en enero de 2000. Pero el varapalo de la Comisión no va a ser sólo moral. La declaración de que estos incentivos son incompatibles con las reglas comunitarias en materia de ayudas de Estado porque falsean la competencia supone la exigencia de devolución de las ayudas percibidas por parte de las empresas. Aunque las administraciones vascas no han ofrecido nunca cifras oficiales, se calcuala que han sido alrededor de 150 las empresas beneficiarias.
Tranquilizar a las empresas
La vicelehendakari y consejera en funciones del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, quiso tranquilizar ayer a las empresas afectadas, asegurando que los efectos de la resolución de Bruselas serán 'escasos'. Por su parte, el PNV, por boca del diputado Pedro Azpiazu, insistió en atribuir la postura de la Comisión al 'desconocimiento' de que el País Vasco disponde de 'un sistema tributario propio', a pesar de que desde Bruselas se ha reiterado que no se pone en cuestión la autonomía fiscal que concede el Concierto Económico, sino los efectos distorsionadores de las ayudas fiscales sobre la competencia. El expediente se remonta a julio de 1999, cuando la cartera de la Competencia estaba ocupada por el comisario Karel van Miert. Ese mismo año, en el caso de las ayudas concedidas a la planta de Daewoo en Vitoria y al traslado de la empresa de cápsulas para botellas Ramondín de Logroño a Laguardia (Álava), ya falló que eran 'ayudas de Estado' y por tanto 'ilegales', al no cumplir los criterios previstos por la normativa comunitaria para ser autorizadas. El comisario Mario Monti, que cogió el dossier en septiembre de ese año, cierra ahora el expediente respetando la filosofía de van Miert: los incentivos a la inversión del País Vasco y Navarra favorecen a ciertas empresas, falsean la competencia y afectan a los intercambios entre Estados miembros.
'La decisión del martes no puede ser otra que negativa', declaró una fuente comunitaria. Bruselas va a tomar también una decisión negativa sobre las ayudas concedidas desde Madrid para reflotar la empresa de bienes de equipo vasca Babcock Wilcox antes de privatizarla.
