Bruselas declara contrarias al Tratado de la UE las ayudas fiscales de Euskadi y Navarra
Según la Comisión, las 'vacaciones fiscales' son "ilegales y falsean la competencia"
El Ejecutivo de la UE ha decidido que las autoridades españolas "deben derogarlos, suspender el pago del posible saldo de las ayudas aún no desembolsadas y recuperar por todos los medios necesarios las ayudas ya concedidas", según señala un comunicado de la Comisión Europea.
Los regímenes a los que se refiere la Comisión Europea son tres de ayudas en forma de créditos fiscales del importe de las inversiones que superen los 15 millones de euros (2.500 millones de pesetas) en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya y las conocidas como vacaciones fiscales de 1996 en esas provincias y en Navarra.
Las vacaciones fiscales estaban previstas para empresas de reciente creación e incluían una reducción de la base del impuesto de sociedades del 99 %, el 75 %, el 50 % y el 25 %, respectivamente, durante los cuatro primeros ejercicios en los que tuvieran beneficios. Mientras el régimen navarro suponía una reducción del 50% durante los cuatro ejercicios.
Aún así, la Comisión ha hecho incapié en que esta decisión no pone en cuestión la autonomía fiscal de la que se benefician cada una de las tres provincias vascas y la Comunidad Foral de Navarra.
Regímenes de fiscalidad
Se trata del procedimiento de investigación sobre 11 regímenes de fiscalidad de empresas en ocho estados miembros de la UE, Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Finlandia, Reino Unido y España.
La Comisión también invita a Bélgica, Grecia, Italia y Suecia a "suprimir ventajas fiscales que no están ya justificadas debido a los cambios económicos que han sucedido en el seno del mercado único de la Unión Europea".
La decisión tiene ya dos precedentes. El Ejecutivo comunitario ya había declarado ilegales las ayudas recibidas por dos empresas que se acogieron a estos esquemas en Euskadi y Navarra, Ramondín Cápsulas y Daewoo Electronics Manufacturing España (Demesa).
Bruselas abrió expediente a Demesa en 1997 y a Ramondín en 1999, antes de comenzar un procedimiento de examen sobre la norma general en la que se basaron las ayudas.
Estos casos se encuentran recurridos por las empresas, la Diputación Foral de Alava y el Gobierno vasco ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
La Comisión asegura que, pese a sus reiteradas peticiones, las autoridades vascas nunca han dado información sobre otras empresas concretas que se hayan beneficiado de las ayudas.
