El Tribunal de Cuentas abrirá juicio a los ministros que condonaron un crédito a Ercros

El Tribunal de Cuentas dio ayer definitivamente vía libre a la apertura de un juicio sobre el posible daño que causó al erario público la condonación, en expresión del PSOE, de un crédito de 8.500 millones de pesetas a Ercros por parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en 1998, entonces compuesta por miembros del primer Gobierno del PP. La Sala de Justicia decidió por unanimidad rechazar el recurso de súplica de la abogacía del Estado contra la admisión a trámite de la acción popular del PSOE que solicitaba esa intervención judicial.

La Sala de Justicia -que preside Paulino Martín e integran también los consejeros Antonio del Cacho y Miguel Álvarez Bonald- firmó ayer un auto que abre el camino a un 'juicio de cuentas' para esclarecer si incurrieron en responsabilidades contables los miembros de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que en 1998 condonaron, en expresión de los socialistas, a Ercros un crédito de 8.500 millones de pesetas. De esa comisión formaban parte los ministros Rodrigo Rato, Josep Piqué, ex directivo de Ercros; Javier Arenas, Loyola de Palacio, José Manuel Romay Beccaría y Rafael Arias Salgado.

Varios diputados socialistas presentaron hace ahora dos años una acción popular para que el Tribunal de Cuentas enjuiciase esa condonación de deuda por si hubiera entrañado una lesión para el erario público -el Instituto de Crédito Oficial cobró del Tesoro el dinero que se le perdonó a Ercros-. La negativa del consejero de Enjuiciamiento, Antonio de la Rosa, a admitir a trámite esa acción popular el 22 de junio de 2000 llevó esa iniciativa a un largo proceso de recursos y apelaciones que no ha permitido abordar hasta ahora el fondo del asunto.

La decisión formalizada por la Sala de Justicia -el auto lleva fecha del pasado día 18- abre ahora el camino para que los diputados socialistas promotores de la acción popular presenten ante el Tribunal una demanda de juicio de cuentas. Cuando eso se produzca, el Tribunal designará un delegado instructor para investigar los hechos y abrirá un procedimiento para aportación de pruebas. Esto permitirá presumiblemente obtener un documento fundamental hasta ahora no manejado -y no solicitado por el consejero de Enjuicimiento antes de inadmitir a trámite la acción popular- que es el acta de la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en la que ésta condonó el crédito a Ercros.

La decisión tomada por la Sala de Justicia ratifica su critierio del pasado día 7 de mayo, cuando revocó el auto en que el consejero de Enjuiciamiento rechazaba la admisión siquiera a trámite de la acción popular. La Sala de Justicia fue muy contundente en su argumentación: precisó que asegurar, como había hecho Antonio de la Rosa, que la Comisión Delegada no había incurrido en responsabilidad contable suponía prejuzgar el fondo del asunto, y que hacer eso, 'con la insuficiente instrucción llevada a cabo, convertiría el ejercicio de la acción pública en algo inasequible o puramente utópico'.