Sembrando la erosión

Durante varias semanas, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Birdlife International, dos colectivos conservacionistas de notable prestigio, han tratado de convencer a los ministros de Agricultura de la Unión Europea sobre las graves repercusiones ambientales que tendría un aplazamiento en la reforma del sector olivarero. Sin embargo, los Quince decidieron, el pasado miércoles, mantener el actual régimen de ayudas hasta noviembre de 2004, en espera de que los países productores tengan a punto una base de datos fiable en la que se recojan todas las explotaciones existentes.

Casi todo el presupuesto del régimen olivarero de la PAC (alrededor de 375.000 millones de pesetas) se emplea en subvenciones a la producción. A juicio de los conservacionistas, este modelo fomenta las explotaciones intensivas y el regadío, mientras que los cultivos tradicionales resultan marginados.

En la actualidad, las ayudas se pagan en proporción directa a la producción y las plantaciones intensivas pueden producir entre 10 y 20 veces más por hectárea que un cultivo menos agresivo. Y todo ello, señalan estos colectivos, 'a pesar de que los olivares intensivos necesitan mucho menos ayuda al ser de por sí más competitivos'. Al mismo tiempo, los olivares tradicionales suelen soportar mayores costes en mano de obra, debido a la presencia de árboles antiguos y terrazas, elementos que constituyen parte de los valores ambientales que albergan.

En olivares intensivos, y mediante un laboreo periódico, los agricultores mantienen el suelo desnudo de vegetación durante todo el año. Cuando en otoño se producen lluvias torrenciales la erosión se dispara, fenómeno que alcanza niveles extremos en aquellas plantaciones realizadas en pendiente. Asimismo, el manejo inadecuado del suelo provoca la pérdida de materia orgánica, con lo que los terrenos se empobrecen y necesitan aportaciones de fertilizantes químicos que, a su vez, originan problemas de contaminación en cauces y aguas subterráneas.

El borrador del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, redactado por el Ministerio de Medio Ambiente, establece la erosión grave en una tasa media de 50 toneladas de tierra perdida por hectárea y año. En Andalucía, y en lo que se refiere a las explotaciones olivareras, esta cifra alcanza, como media, las 80 toneladas. Esto supone, como señala uno de los documentos elaborados por Birdlife y el WWF, 'que en el millón de hectáreas de olivares andaluces se están perdiendo al menos 80 millones de toneladas de suelo cada año'.

La aplicación intensiva de técnicas para aumentar la producción, y beneficiarse así de las ayudas europeas, provoca, asimismo, notables daños en la flora y fauna silvestres asociadas al olivar. Los herbicidas e insecticidas disminuyen la cantidad de insectos a disposición de las aves y hacen desaparecer las manchas de vegetación natural que sirven de hábitat a especies como la codorniz o la perdiz.

Censos llevados a cabo en cultivos tradicionales revelan la existencia de 120 especies de plantas, unas 70 de animales vertebrados y 160 de invertebrados, que viven al amparo de estos cultivos, lo que supone una llamativa tasa de biodiversidad.

La puesta en regadío de estos cultivos, otra fórmula para aumentar la producción, suele localizarse en comarcas donde el agua escasea, lo que origina usos inadecuados de este recurso vital, demandas que no pueden ser atendidas y sobreexplotación de acuíferos.

Al margen de la opinión que manifiestan estos colectivos conservacionistas, la Comisión Europea encargó un estudio al European Forum for Nature Conservation and Pastoralism y a la Asociación para el Análisis y Reforma de la Política Agrorrural, documento que se presentó a comienzos de este año. Las conclusiones son similares a las que mantienen Birdlife y el WWF, por lo que, también en este caso, se sugería una modificación en el régimen de ayudas y el establecimiento de un sistema de Buenas Prácticas Agrícolas que permitiera una paulatina reforma del sector para reducir su impacto ambiental.

En definitiva, todas estas instituciones proponen que el actual régimen de ayudas se sustituya por un modelo basado en la superficie cultivada, con independencia de la cantidad de aceituna producida. Este cambio podría llevarse a cabo con un acercamiento similar al aplicado al régimen de herbáceos desde 1992, pero con un pago fijo por hectárea, sin relación con los rendimientos históricos. De esta forma, sostienen, 'se pagaría la misma ayuda por hectárea a todos los olivareros, eliminando así el incentivo para aumentar la producción'.

Comentarios y sugerencias a propósito de Crónica en verde pueden remitirse al e-mail: sandoval@arrakis.es