El fiscal del 'caso Piqué' añade un tercer delito en la venta de Ertoil

Según fuentes fiscales, Bartolomé Vargas informó durante tres horas a la junta de fiscales de sección sobre sus investigaciones, y realizó un nuevo estudio, con más razonamientos jurídicos y probatorios, acerca de la conveniencia de que el Tribunal Supremo se declare competente en el caso, designe un juez instructor y llame a declarar al actual ministro de Asuntos Exteriores sobre su participación en la operación de venta de Ertoil por Ercros en 1991.

En la ampliación de sus investigaciones, Vargas volvió sobre los indicios de un posible delito fiscal, que cabría apreciar en la venta de Ertoil a la compañía luxemburguesa GMH, una sociedad instrumental radicada en el extranjero con la finalidad de eludir el pago de impuestos.

También aportó un reciente estudio sobre la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Filesa y las condiciones para que el Supremo asuma la competencia. En suma, Piqué podría declarar previo el envío del correspondiente suplicatorio o comparecer voluntariamente en el Supremo, como hicieron los parlamentarios imputados en el caso Filesa. El fiscal evitó pronunciarse sobre la fórmula a adoptar ya que previamente el Supremo debe declararse competente y en ese caso, designar un instructor ante el que instar la citación.

Los 12 fiscales de la Sala Penal del Supremo a la que pertenece Bartolomé Vargas y cuyo jefe es José Aranda tomaron notas del informe ampliado y tras las tres horas de reunión, acordaron levantar la sesión hasta hoy, en que harán sus observaciones y, previsiblemente, votarán si apoyan o no la propuesta de su compañero de imputar a Piqué.

En el caso de que los fiscales de la sección no respaldasen a Vargas, el caso Piqué se da por liquidado, según indicaron fuentes fiscales. En caso de que lo apoyen -en una junta anterior celebrada hace un año la votación registro nueve apoyos y tres fiscales en contra de las conclusiones del informe- la decisión sería sometida a consideración del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal.

Discrepancia formal

En el supuesto de que Cardenal no estuviera de acuerdo con las conclusiones de los fiscales de lo Penal, -hace un año bloqueó el informe y sustituyó a Vargas por Aranda para hacer un dictamen contrario a la imputación de Piqué- el fiscal general del Estado expresaría su discrepancia formal y tendría que convocar a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo para elaborar un dictamen definitivo. Al margen de la eventual imputación de Piqué en la venta de Ertoil por su matriz Ercros siguen aflorando indicios de un delito de alzamiento de bienes por la desaparición de activos en perjuicio de acreedores de Ercros y otro de apropiación indebida de 18.300 millones de pesetas, cuyo destino final se desconoce, además de otros 9.970 millones, que se habrían pagado en comisiones. La operación fue pactada entre el vicepresidente de Ercros, Javier de la Rosa, y la sociedad GMH y protocolizada ante notario por Josep Piqué el 18 de julio de 1991. Piqué era entonces director de Estrategia de Ercros, además de miembro del consejo de administración y miembro de la comisión ejecutiva.