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EL 'CASO PIQUÉ'

Los fiscales proponen citar a Piqué como imputado por los delitos del 'caso Ercros'

Cardenal convoca a todos los fiscales del Supremo, pero advierte de que él tiene la última palabra

La Sección de Fiscales de lo Penal a la que pertenece Bartolomé Vargas terminó ayer de estudiar el informe desarrollado exhaustivamente por el fiscal encargado del caso Piqué, y acordó, por 10 votos a favor y dos en contra, respaldar el informe que propone que el Tribunal Supremo asuma la competencia sobre el caso, nombre un juez instructor y llame a declarar a Josep Piqué como imputado.

El fiscal considera que respecto a Piqué existen indicios que le señalan al menos como supuesto cooperador necesario en un delito de alzamiento de bienes en la desaparición de activos de Ercros, y otro de apropiación indebida de 18.300 millones de pesetas de la venta de Ertoil, cantidad cuyo destino final se desconoce, pero cuya desaparición el fiscal atribuye al financiero Javier de la Rosa.

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Vargas también propone investigar a Piqué como supuesto cooperador en la apropiación de 9.970 millones de pesetas pagados en comisiones en el proceso de venta de Ertoil y que, según el fiscal, se habrían repartido entre De la Rosa y la sociedad instrumental luxemburguesa General Mediterranean Holding (GMH).

Además, señala en su informe que la venta de Ertoil a través de una sociedad interpuesta, GMH, eludiendo la transmisión directa a su último propietario, Cepsa, 'supuso que no se generaran en España importantes plusvalías de elevadísimo importe, por lo que Piqué también podría haber cooperado en un fraude fiscal a Hacienda.

El informe señala que Piqué, por los cargos de director de Estrategia Corporativa de Ercros, y por pertenecer al Comité de Dirección y a la Comisión Ejecutiva, 'hubo de intervenir en los aspectos estratégicos de la operación', estuvo informado de la intermediación de GMH y 'hubo de conocer y consentir el pago de las comisiones'. El fiscal añade que existen sospechas de que parte del dinero desviado se dedicó 'al pago de comisiones a dirigentes políticos o gubernativos en España y Francia'.

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En ese sentido, fuentes fiscales informaron ayer de que la Fiscalía Anticorrupción sigue investigando el pago de las comisiones y espera poder interrogar en breve en Francia a Loïk LeFloch-Prigent, ex presidente de Elf, quien aseguró que hubo 'medidas de acompañamiento a dirigentes políticos españoles', aunque no reveló a cuáles.

Los fiscales de lo penal debatieron el informe de Vargas durante más de cuatro horas. Votaron en contra de respaldar el informe el jefe de la sección, José Aranda, y el fiscal Antonio Salinas. Éste último se destacó por su encarnizada persecución de los parlamentarios socialistas y demás acusados durante el juicio del caso Filesa. Aranda y Salinas consideran que de la documentación actual no se desprenden indicios contra Piqué, y creen que debería esperarse a que la juez del caso Ertoil, Teresa Palacios, remitiese, en su caso, más información al Tribunal Supremo.

En la ocasión anterior, en que Vargas sometió a la junta un primer informe también en el sentido de interrogar a Piqué, la votación fue de 9 a 3, por lo que se considera que, tras el intento de Cardenal de bloquear la investigación apartándole del caso, Vargas ha salido reforzado.

Sin embargo, Cardenal se anticipó ayer a convocar a la Junta General de Fiscales del Tribunal Supremo, so pretexto de la 'discrepancia' entre la Sección de Vargas y su fiscal jefe, José Aranda. Fuentes fiscales pusieron el tela de juicio que una votación de 10 a 2 pudiera ser considerada una 'discrepancia', pero Cardenal la convocó formalmente para el jueves 28. De todas formas, la decisión final sobre la presentación del informe de Vargas a la Sala Segunda del Supremo le corresponde al propio Jesús Cardenal.

La Junta General de Fiscales del Supremo está integrada por unos 40 fiscales -33 fiscales del Supremo y los fiscales de sala- y se reúne todos los jueves bajo la presidencia de Cardenal, aunque no ha sido convocada desde hace 11 años para tratar de 'un asunto en concreto'.

Según fuentes fiscales, en 1993, siendo fiscal general Eligio Hernández, y a propuesta de los fiscales de lo Penal, dejaron de llevarse a votación asuntos puntuales, casi siempre eminentemente técnicos. Desde entonces, a esta 'junta de los jueves', como se la conoce, apenas asisten los fiscales de Sala del Supremo y menos de media docena de fiscales que eventualmente informan de sus asuntos, en ocasiones ya resueltos.

El criterio que fije la Junta General de Fiscales del Supremo el próximo jueves no vincula a Cardenal. Si no está de acuerdo, puede convocar a la Junta de Fiscales de Sala. Cardenal ya adelantó ayer en RNE que ninguna de esas decisiones le vincula, y que el único criterio válido será el suyo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y el presidente del Gobierno, José María Aznar, en el pleno del Congreso.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y el presidente del Gobierno, José María Aznar, en el pleno del Congreso.

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