Un rasero para el Gobierno y otro para la oposición
La doctrina de José María Aznar y del Partido Popular sobre la exigencia de las responsabilidades políticas para dirigentes implicados en investigaciones judiciales sobre casos de corrupción ha variado con su paso de la oposición al Gobierno.
Aznar mantenía como jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados que las responsabilidades políticas, precisamente porque son distintas de las penales, no pueden ir a remolque de lo que decidan los tribunales, debían exigirse de inmediato y alcanzar al máximo responsable en la cadena de mando.
Los ejemplos de esa doctrina Aznar son múltiples. El 23 de agosto de 1995, Aznar consideró que no era 'relevante' que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no apreciase 'indicios racionales de criminalidad' en la 'imputación o no de Felipe González [entonces presidente del Gobierno] en el sumario sobre el caso GAL'.
El entonces jefe de la oposición lo argumentó así: 'Las responsabilidades políticas se determinan en el Parlamento y no en el Tribunal Supremo'.
El 26 de enero de 1996, Aznar demandó a Felipe González que tuviese la 'gallardía' de asumir su responsabilidad política por el caso GAL.
El 6 de mayo de 1995, los resultados de la investigación del juez Marino Barbero sobre el caso Filesa dieron pie a Aznar para exigir de nuevo responsabilidades políticas al PSOE. Ese día Aznar se comprometió a echar del PP a quien no siguiese a pies juntillas sus tres máximas: 'Honradez, austeridad y eficacia'.
El entonces secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, insistió en esos argumentos para considerar necesaria la dimisión del presidente socialista: 'Con independencia de si ha habido comportamientos delictivos, está claro que ha habido una responsabilidad política, que concierne al propio Felipe González'. El portavoz en aquella época del PP en el Congreso, Rodrigo Rato, señaló en Oviedo en esa fecha que 'la existencia de una trama como el GAL produce gravísimas responsabilidades políticas de los máximos responsables del Gobierno' con independencia de que se traten o no de conductas delictivas.
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