Los fiscales del Supremo piden la imputación de Piqué por el 'caso Ercros'

Según han informado fuentes jurídicas, durante la reunión de hoy los miembros de esta Sección han debatido la propuesta del fiscal del caso, Bartolomé Vargas, de que el Tribunal Supremo asuma la competencia del asunto, que nombre a un juez instructor y que cite a declarar como imputado de dichos supuestos delitos a Josep Piqué.

Esta decisión será comunicada a la Junta General de la Fiscalía del Tribunal Supremo, presidida por el Fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que la estudiará en la reunión del jueves 28 de junio.

Las mismas fuentes han explicado que los dos fiscales que han votado en contra de la citación de Piqué han sido el fiscal jefe de esta sección, José Aranda, y Antonio Salinas, al estimar que se necesita más información para determinar si existen indicios de la presunta implicación del ex ministro, por lo que han propuesto esperar a que la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios remitiera más datos.

El fiscal del Tribunal Supremo encargado del caso Piqué, Bartolomé Vargas, presentó ayer ante la Junta de Fiscales de la sección del Supremo encargada del caso de Piqué, un informe ampliado en el que describió la posible comisión de un delito fiscal en la venta de Ertoil, que se añade a los indicios que apuntan a la existencia de delitos de apropiación indebida y alzamiento de bienes, según informaron fuentes fiscales. Hoy han realizado la votación, tras un largo debate que se prolongó durante más de cuatro horas.

Derecho a la defensa

La mayoría de los fiscales presentes en la Junta de Fiscales de Sección se han mostrado a favor de citar a Piqué para intentar despejar todas las dudas al respecto en aras a su derecho de defensa y dada la relevancia de su cargo, que exigiría, de ser citado, la pertinente petición de suplicatorio, al ser aforado.

En julio de 1991, cuando Ercros vendió su filial Ertoil a la empresa luxemburguesa GMH, Piqué era director de Estrategia de Ercros, además de consejero y miembro de la comisión ejecutiva.

La operación fue pactada entre el vicepresidente de Ercros, Javier de la Rosa, y la sociedad GMH, por un precio no cerrado de 44.600 millones de pesetas, luego reducido a 41.400 millones. El acuerdo fue protocolizado ante notario por Piqué el 18 de julio de 1991.

Según el fiscal del caso, se investiga una supuesta apropiación indebida de 18.300 millones de pesetas por la venta de Ertoil, cuyo destino según explica la juez en sus conclusiones no se ha podido determinar, así como el cobro de unos 9.700 millones de pesetas en comisiones.

Decisión de Cardenal

La Junta General ahora volverá a estudiar si procede la citación de Piqué a la luz del resultado de la votación de hoy, y según el Estatuto del Ministerio Público, "en los casos en que por su dificultad, generalidad o trascendencia pudiera resultar afectada la unidad de criterio del Ministerio Fiscal, resolverá el fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal o la Junta de Fiscales de Sala".

El Tribunal Supremo pidió el pasado mes de abril al fiscal que le informara sobre las actuaciones que proceden después de que la juez Palacios remitiera las conclusiones de su investigación sobre la venta de Ertoil.

Hace un año, el fiscal Vargas ya elevó a sus compañeros de sección en la Fiscalía de la Sala de lo Penal del Supremo un informe favorable a la imputación de Piqué en el caso Ercros, al apreciar sólidos indicios de un delito de alzamiento de bienes. La Junta de la Sección acordó, por nueve votos a tres, apoyar el informe de Vargas.

Sin embargo, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y el jefe de su Sección, el fiscal de Sala José Leopoldo Aranda, discreparon del criterio de Vargas, por lo que el segundo confeccionó el informe definitivo, que no apreciaba indicios suficientes contra Piqué.