El fiscal del 'caso Ercros' propone que el Supremo cite a Piqué como imputado

El fiscal del caso Ercros, Bartolomé Vargas, distribuyó en la tarde del martes su propuesta de que el Supremo acepte su competencia sobre la causa ante la posible implicación en los hechos del hoy ministro de Asuntos Exteriores, Josep Pique, que está aforado por razón de su cargo.

Piqué era director de Estrategia de Ercros, además de consejero y miembro de la comisión ejecutiva del grupo, cuando se produjo la venta, en julio de 1991, de la filial Ertoil a una sociedad luxemburguesa instrumental, GMH, venta que ha venido investigando la fiscalía. Según fuentes fiscales del Supremo, en su propuesta, Vargas aprecia un posible delito de alzamiento de bienes por sacar activos de Ercros en perjuicio de sus acreedores; y otro de apropiación indebida de 18.300 millones de pesetas, que no aparecen por ningún lado, y de otros 9.970 millones, de los que se sospecha se habrían diluido en comisiones por la venta. La operación fue pactada entre el vicepresidente de Ercros, Javier de la Rosa, y la sociedad GMH, por un precio no cerrado de 44.600 millones de pesetas, luego reducido a 41.400 millones, según un informe dirigido por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios al Tribunal Supremo. El acuerdo fue protocolizado ante notario por Piqué el 18 de julio de 1991.

La propuesta de Vargas será estudiada por los 14 fiscales de una de las dos secciones de la Fiscalía de lo Penal del Supremo, que el próximo día 12 se reunirá en junta para pronunciarse sobre si apoyan o rechazar la propuesta. No obstante, la última palabra la tiene el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que en otra ocasión anterior relevó del caso al fiscal Vargas.

La propuesta insiste, según las citadas fuentes, en que la declaración de Piqué -que se contiene en el cuerpo del escrito, pero no en la parte dispositiva- no se hace para determinar su culpabilidad o inocencia, sino para rodear de mayores garantías al aforado y para que avance una investigación que lleva tres años practicándose y que directa o indirectamente afecta a un aforado.

El escrito del fiscal Vargas, según las citadas fuentes, no menciona la necesidad de dirigir un suplicatorio al Congreso para proceder contra Piqué. En ese sentido, las fuentes consultadas apuntaron que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Filesa avaló la declaración voluntaria, sin suplicatorio, del ex senador Josep María Sala, ya que sólo desde que el Juez cuente con elementos suficientes para adoptar algún acto de inculpación está obligado a solicitar el suplicatorio.

El fiscal Vargas ya elevó el año pasado una propuesta para imputar a Piqué, que fue apoyada por nueve votos a tres por la junta de fiscales de la Sección Penal. No obstante, por indicación del fiscal general del Estado, Vargas fue relevado de la redacción del informe por el su jefe de Sección, el fiscal jefe José Aranda. Ante el escándalo levantado en la fiscalía, Cardenal tuvo que prometer que Vargas no había sido relevado y que si había otra oportunidad volvería a hacerse cargo de las investigaciones.

Tras conocerse ayer la propuesta de Vargas, Piqué aseguró que no tiene inconveniente en declarar ante el Supremo porque tiene la conciencia 'muy tranquila'. 'Si me citan, tendré oportunidad de explicarme', subrayó el ministro, quien dijo que nunca ha tenido oportunidad de hablar del caso con ningún juez.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, también se pronunció sobre la iniciativa de Vargas. 'Mantengo intactas mis convicciones en todos los sentidos: sobre la tarea de la Justicia y la transparencia con que actúa y, por supuesto, sobre el ministro', declaró.

El PSOE, por boca del portavoz de Presupuestos, Francisco Fernández Marugán, pidió al fiscal del Estado, Jesús Cardenal, que 'no interfiera' y dijo que Piqué está 'permanentemente bajo sospecha', lo que incide negativamente en la política española.

El portavoz de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, que denunció el caso en la Fiscalía Anticorrupción, subrayó el peligro de que se quiera hacer prescribir la causa al cumplirse el próximo 18 de julio los diez años de la venta de Ertoil.

Por otra parte, en este momento está pendiente de resolución un recurso de súplica del abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas contra la decisión de la Sala de Justicia de ese tribunal que admitió a trámite, por unanimidad, la acción popular que sobre este asunto había denegado inicialmente el consejero de ese órgano Antonio de la Rosa, concuñado de Rodrigo Rato.