El Gobierno pagará la deuda a las autonomías que no asumieron el modelo de financiación

Gobierno y PSOE encaran esta negociación con voluntad política de acuerdo. El PP, partido del Ejecutivo, gobierna en ocho comunidades autónomas y el PSOE en seis. Además, los populares, al disponer de mayoría absoluta, ya no están acuciados por los nacionalistas, como sucedió en 1996, en que la negociación bilateral del modelo hoy vigente con CiU arruinó cualquier acuerdo posterior con los socialistas.

Además, en esta ocasión el nudo gordiano del debate entre el Gobierno y el PSOE no está en el futuro modelo de financiación -como sucedió en 1996- al haber aceptado los populares buena parte de la propuesta que los socialistas, a través de la Junta de Andalucía, formularon en 1996, como la cesión de la cesta de impuestos a las comunidades -impuestos especiales e IVA- así como la capacidad normativa de los mismos.

La Interparlamentaria del PP, celebrada en Santiago de Compostela el pasado 1 de junio, confirmó la nueva posición de los populares, con el argumento de que el proceso de descentralización de competencias -con educación y sanidad incluidas- permitía lo que no fue posible en 1996: una mayor cesión de ingresos y capacidad normativa a las comunidades para que regulen de modo más autónomo su capacidad de gasto.

Dinero sobre la mesa

La clave de la negociación que hoy comienza está en cuanto dinero está dispuesto el Gobierno a poner sobre la mesa -la llamada 'restricción financiera inicial'- para repartir a las comunidades y que está vinculada al reconocimiento por el Ejecutivo de que con el modelo vigente -de cesión del 30% del IRPF a las comunidades- 'todas las autonomías resultaron perjudicadas', según la versión socialista.

El representante del PSOE, Jordi Sevilla, estima que la restricción financiera inicial debe poner el 'contador a cero' y tener en cuenta dos aspectos clave: la actualización del censo de población y de los ingresos que todas las comunidades -no sólo las socialistas- dejaron de percibir con el modelo vigente.

La actualización del censo no presenta grandes problemas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno lo actualizará, al menos, con el de 1999 -el modelo vigente utilizó el de 1988-, aunque el PSOE exige el de 2.001. Esta decisión afecta a cinco comunidades -especialmente Andalucía- que han aumentado o su población en este período de años.

El mayor obstáculo de la negociación radica en la pretensión socialista de que 'todas las comunidades recuperen, al menos, una parte del dinero que dejaron de percibir por asumir el modelo vigente y se recoja en la restricción financiera inicial'. Jordi Sevilla argumenta que al crecer el IRPF -la base de ingresos cedidos, según el modelo vigente- por debajo del ITAE (Impuestos Tributarios Ajustados Estructuralmente), suma de los impuestos directos e indirectos y de las cotizaciones de la Seguridad Social, todas las comunidades -incluidas las del PP- perdieron. El artículo 13 de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) establece el ITAE como índice, salvo pacto entre el Estado y las comunidades, argumenta Sevilla. El PSOE estima en medio billón, al menos, la actualización de esta cifra.

El representante socialista también reclama al Ejecutivo que haga la liquidación definitiva a las tres autonomías socialistas -Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha-, que no aceptaron el modelo vigente y que sólo han cobrado 'adelantos a cuenta'. El PSOE estima esta factura en unos 120.000 millones de pesetas. El Gobierno responde que está dispuesto a abordar esta cuestión en la recta final de la negociación con el PSOE, una vez que esté perfilado un acuerdo sobre el futuro modelo de financiación.

Otra cuestión clave que el PSOE pondrá sobre la mesa son las garantías del nuevo modelo. A juicio de Sevilla, los fondos de nivelación que propone el Gobierno, son 'insuficiente garantía' cuando las comunidades van a gestionar unos servicios tan costosos como la educación y la sanidad. El PSOE opta por un sistema endógeno de garantías en el que 'la evolución de los ingresos debe tener el techo del ITAE y el suelo del PIB'.