El PSOE reclama 720.000 millones para 15 regiones por déficit de financiación

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el fin de semana en un mitin, ante el presidente extremeño, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que incluirá esa 'deuda pendiente' en la negociación sobre la financiación autonómica que el día 18 reanudarán delegaciones del Gobierno y del PSOE. El ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, replicó ayer que Zapatero 'no está legitimado' para pedir que se compense a las autonomías socialistas por las pérdidas derivadas del rechazo al modelo vigente.

Fuentes socialistas especializadas calcularon ayer la 'factura mínima' que el Ejecutivo debe afrontar por esa 'deuda pendiente'. Señalan tres conceptos: el dinero que las comunidades autónomas 'perdieron' por aceptar el modelo de cesión del 30% del IRPF; el que perdieron por 'no actualizarse los índices de población' y el que perdieron las autonomías socialistas a las que se aplicaron unos 'índices injustos'. Por los dos primeros conceptos, fuentes socialistas calculan un mínimo de 600.000 millones de pesetas y 120.000 millones por el tercero.

Los socialistas insisten en que el sistema vigente de financiación autonómica, pactado en 1996 entre el Gobierno y Convergencia i Unió (CiU), que será sustituido por otro a primeros del próximo año, tras negociarlo con el Ejecutivo, fue 'perjudicial' para las comunidades autónomas. El PSOE argumenta que las autonomías, que se acogieron a este modelo, al vincular sus ingresos al crecimiento del IRPF perdieron dinero porque este impuesto creció por debajo de los criterios generales de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), esto es, de los impuestos vinculados a Hacienda, el ITAE (impuestos tributarios ajustados estructuralmente), suma de los impuestos directos e indirectos y de las cotizaciones de la Seguridad Social.

Finalmente, no perdieron tanto porque el Gobierno, al ver los 'malos resultados' del modelo introdujo, en 1998, una 'fórmula-colchón', esto es, que todas las autonomías percibieran, al menos, el crecimiento del PIB (producto interior bruto) nominal.

También perdieron dinero las comunidades autónomas cuya población creció en este período, especialmente Andalucía, al aplicarles el Gobierno el índice de población de 1988.

El PSOE recuerda un tercer motivo de pérdida. Las tres comunidades socialistas que rechazaron el modelo de financiación vigente -Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha- dejaron de percibir el 2% del crecimiento del PIB nominal que el Gobierno les descontó como cautela por los 'adelantos a cuenta' al no disponer de un modelo fijo. Durante el quinquenio 1996- 2001, el Gobierno no realizó ninguna 'liquidación definitiva' dada la 'situación de provisionalidad' de las comunidades socialistas ante el rechazo del modelo vigente.

El responsable del área económica del PSOE, Jordi Sevilla, cree que el Gobierno debe tener en cuenta estas cuestiones en la próxima negociación de la financiación autonómica, aunque estima que la 'deuda pendiente' no debe condicionar la negociación. Sevilla reiteró yer su voluntad de situar este asunto en la recta final de la negociación, una que exista un consenso básico sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Por la misma razón, Sevilla tampoco es partidario de 'adelantar cifras'. 'Basta con que el Gobierno reconozca que existe este asunto pendiente y en algún modo ya lo hizo' en el encuentro precedente de las delegaciones del Ejecutivo y del PSOE el pasado dos de abril, añadió Sevilla.

Fuentes del Gobierno ratificaron ayer la posición mantenida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el 2 de abril, ante Jordi Sevilla, esto es, la voluntad de afrontar esta cuestión en la recta final de la negociación del modelo de financiación autonómica de modo que no condicione su resultado.

El responsable socialista en la negociación se plantea como clave de su estrategia el logro de un buen modelo de financiación y no quiere que otros asuntos arruinen esta oportunidad. Estima que el nuevo modelo que propone el PP recoge muchas de las propuestas del PSOE en 1996 y actuales, como la cesión de la cesta de impuestos a las comunidades autónomas y la concesión de la capacidad normativa.

Sus principales cautelas ante el Gobierno están en que este haga un 'totum revolutum' entre la financiación autonomica y la sanitaria como 'si fuera un mero aumento de los ingresos de las comunidades'. También plantea cautelas ante los anunciados fondos de nivelación.