Reaparece en Lleida la peste porcina clásica

Los responsables del sector porcino del sindicato Unió de Pagesos (UP) exigieron inmediatamente que se sacrifiquen los 2.000 lechones que se calcula que han podido salir de esta explotación de la Bordeta, propiedad de Amadeu Roig, en las últimas semanas.

Las muestras de los animales sacrificados se enviaron ayer mismo al Centro de Investigaciones en Sanidad Animal (CISA), en Madrid. En caso de que se confirmara el brote de esta enfermedad, el Departamento de Agricultura se vería obligado a declarar oficialmente su existencia dentro del plazo legalmente establecido, de 24 horas.

Asimismo, las autoridades sanitarias han adoptado las máximas precauciones para evitar la propagación de la epidemia a otras granjas de la zona, ya que el virus se contagia con mucha facilidad, especialmente en condiciones de altas temperaturas, como las actuales. Entre las medidas acordadas están la inmovilización de toda la explotación y el establecimiento de un perímetro de tres kilómetros de protección y otro de diez kilómetros de vigilancia que afecta a los términos municipales de Alcarràs, Soses, Aitona y Torres de Segre, y a la zona limítrofe con Aragón. En todo este territorio se procederá a efectuar un censo de las explotaciones, se retirará la documentación sanitaria y se prohibirá cualquier movimiento de animales, de manera que no podrán entrar ni salir lechones de la zona.

El 90% de los análisis efectuados a los cerdos de Soses en el laboratorio de Agricultura dio positivo, razón por la que la Generalitat optó por sacrificar a todos los animales, algunos de los cuales ya habían muerto en los pasados días a causa de la enfermedad. La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) ha pedido a las administraciones que se 'adopten con urgencia acciones contundentes y que se eviten totalmente los movimientos de ganado'. En un comunicado emitirdo ayer, la FCAC recuerda que el sector porcino ya ha estado amenazado en los últimos meses por una posible infección del virus de la fiebre aftosa.

Ahora, sin embargo, es el viejo fantasma de la peste porcina el que vuelve a planear sobre la provincia de Lleida, justo cuando el sector se había recuperado de las catastróficas consecuencias que tuvo el último brote, declarado en febrero de 1997, aprovechándose de la subida del precio de la carne de cerdo a causa de la enfermedad de las vacas locas.

En 1997, el virus fue importado de Holanda, donde meses antes se habían advertido varios focos. A pesar de ello, las autoridades españolas no prohibieron la importación de lechones de ese país hasta finales de febrero, cuando ya habían entrado más de 115.000 animales susceptibles de tener la enfermedad.

Además, por su parte, la Generalitat no declaró oficialmente la epidemia con todas sus consecuencias hasta casi dos meses más tarde, el 18 de abril, cuando el virus ya había hecho estragos en la cabaña porcina de Lleida y el entonces consejero de Agricultura, Francesc Xavier Marimon, presumía de tener la mejor sanidad animal de Europa.

Un año después, el sindicato Unió de Pagesos (UP) presentó una denuncia contra Marimon por presuntas irregularidades. La organización agraria le acusó de haber retrasado deliberadamente la declaración oficial de la peste y de haber autorizado el pago a determinadas empresas del sector de indemnizaciones superiores a las que les correspondían por el sacrificio de los animales. La epidemia, que duró más de un año, obligó a sacrificar sólo en la provincia de Lleida alrededor de un millón de cerdos de un total de 1.800 explotaciones de seis comarcas. Para el sector las consecuencias económicas fueron muy negativas, pero para la Administración la epidemia también tuvo un coste económico muy elevado puesto que pagó el sacrificio de animales enfermos y sanos a precio de mercado. La Unión Europea financió el 70% de los casi 20.000 millones de pesetas que recibieron los ganaderos en concepto de indemnizaciones. El resto fue asumido a partes iguales por el Estado y la Generalitat.