Pánico entre los productores por la detección de dos nuevos focos de peste porcina en Lleida

El comité consultivo de crisis para prevenir la peste porcina clásica acordó ayer prohibir hasta el próximo 30 de junio el movimiento de cerdos en toda Cataluña, como medida extraordinaria para prevenir la difusión del brote.

La declaración de un segundo brote de peste porcina clásica en una granja de Golmés (Pla d'Urgell), población situada a unos 40 kilómetros de Soses, donde el pasado jueves se detectó el primer brote, y de un tercer foco en Vilanova de l'Aguda, cerca de Pons, ha activado las alarmas en un sector que todavía no ha olvidado las graves consecuencias de la crisis de 1997. Los seis millones de cerdos censados en Cataluña representan una cuarta parte de la cabaña española.

Alarma en Valencia Una quincena de explotaciones de Cuenca fueron inmovilizadas ayer por la tarde porque sus cerdos procedían de Vinaroz, al norte de Castellón, en una de cuyas granjas se había detectado por la mañana un brote de la enfermedad. Así, la alarma saltó también en la Comunidad Valenciana y la Consejería de Agricultura procedió a sacrificar los 800 cerdos de esta explotación ganadera, cuya propietaria es de Lleida, según informa Rosa Biot. El Laboratorio Nacional de Referencia FISA, de Valdeolmos, en Madrid, confirmó ayer a primera hora de la tarde que las muestras sospechosas de peste porcina clásica enviadas el viernes han resultado positivas. Los resultados de los primeros análisis ya habían confirmado, al igual que sucedió en el caso de Soses, que los animales tenían los síntomas de esta enfermedad.

Por eso, los veterinarios de la Generalitat no esperaron la confirmación de la sospecha, sino que ordenaron el sacrificio de cerca de un millar cerdos en la granja Bonjoc de Golmés, más todos los de Vilanova de l'Aguda, y la inmovilización del ganado de las granjas situadas en un radio de tres kilómetros y de todos los cerdos en un radio de 10 kilómetros del posible foco, por lo que las medidas afectan a explotaciones de tres comarcas, el Pla d'Urgell, el Urgell y Les Garrigues. Mientras, ayer continuaron los sacrificios en las granjas cercanas.

La granja de Golmé se encuentra en el camino de Belianes, muy próxima a los términos municipales de Mollerussa y Miralcamp, una zona con una gran densidad de explotaciones de porcino y donde también hay importantes industrias cárnicas.

El Ayuntamiento de Golmés hizo público ayer mismo un bando para solicitar a todos los ganaderos que entregaran las cartillas sanitarias en la oficina de Agricultura. Según fuentes ganaderas, todos los animales sospechosos podrían proceder de la explotación de La Bordeta, de donde también salieron los 2.054 cerdos sacrificados en Soses tras confirmarse que tenían la peste.

Agricultura reclamó ayer la máxima responsabilidad y colaboración de los ganaderos, cooperativas, agrupaciones de defensa sanitaria y ayuntamientos de la zona a la hora de cumplir las medidas de seguridad establecidas para evitar la propagación de la enfermedad.

El consejero de Agricultura, Josep Grau, reiteró la necesidad de mantener la seguridad en un momento especialmente crítico para la ganadería catalana mientras su departamento actúa con 'rapidez' y 'contundencia' para intentar atajar la peste.

El consejero afirmó que los intereses económicos que se mueven alrededor del porcino tienen mucha culpa de la propagación del virus y apuntó directamente hacia la falta de escrúpulos de las grandes empresas integradoras que controlan la mayor parte del negocio del ganado de engorde.

'Da la impresión de que todos les estemos haciendo el juego a esas empresas, mientras que a nosotros se nos hace difícil combatir la enfermedad. Pido serenidad al conjunto del sector porque estos días aparecerán noticias de todo tipo; hay muchos intereses económicos detrás', señaló el consejero.

Grau anunció la retirada de las guías sanitarias a las empresas cuyos animales hayan dado positivo en los análisis. De esta manera, Agricultura podrá tener un mayor control de los movimientos de ganado. También dijo que mientras no se conozca el origen de la peste no podrán descartarse nuevos brotes.

Técnicos de Agricultura hacen firmar a los titulares de las explotaciones declaraciones juradas sobre el origen de los animales.

El coordinador general del sindicato Unió de Pagesos (UP), Joan Caball, cuestionó las explicaciones que se han dado sobre las causas que han provocado la reaparición de la peste porcina clásica en Cataluña. 'La teoría de que fueron unos caballos importados de algún país del Este', afirmó, 'nos parece poco creíble. Pensamos que alguien ha estado jugando sucio con el sector y lo va a pagar muy caro si se descubren irregularidades'.

El responsable del porcino de UP, Rosend Santiveri, criticó la imprudencia de los productores que realizaron movimientos de cerdos tras la orden de inmovilización. Los responsables de sanidad animal no excluyen que la causa de la llegada del virus a Lleida esté relacionada con el tráfico ilegal de cerdos.

Memoria de 1997 Los ganaderos de Lleida estaban ayer muy nerviosos por las consecuencias que puede acarrear para el sector la posibilidad de que los dos focos declarados deriven hacia una epidemia como la que se registró en 1997, que diezmó la cabaña de porcino en una de las principales zonas productoras de Europa y arruinó a pequeños propietarios de explotaciones. También entonces hubo desorientación, movimiento irregular de ganado de granjas infectadas a zonas libres de peste y problemas para eliminar a los animales enfermos.

Pero esta vez, a diferencia de hace cuatro años, se ha transmitido la sensación de que los responsables de sanidad animal han reaccionado con rapidez, se han sacrificado cerdos sin esperar los análisis y se han reconocido oficialmente los brotes cuando se ha tenido la confirmación de los laboratorios de referencia. En 1997, las organizaciones ganaderas acusaron al Departamento de Agricultura, dirigido por Francesc Xavier Marimon, de haber tardado más de dos meses en declarar la peste para no perjudicar algunos intereses del sector. Hubo una especie de pacto de silencio entre la Administración y los principales productores para ocultar el mayor tiempo posible la existencia del virus en las granjas de Lleida.

Los ganaderos argumentaron que el tiempo transcurrido fue crucial para que la peste se extendiera. Duró más de un año, obligó a sacrificar un millón de cerdos y tuvo un coste económico para la Administración de 20.000 millones de pesetas.