El Parlamento de Chile investigará la compra a Bazán de dos submarinos

Santiago de Chile - 07 jun 2001 - 00:00CEST

Un grupo de parlamentarios de la coalición gobernante en Chile pidió ayer al Parlamento investigar el pago de 546 millones de pesetas realizado por la empresa pública española Bazán a la compañia Seapoint Enterprises, radicada en las islas Jersey, para apoyar la venta de dos submarinos.

La investigación debe determinar si hubo pagos a un intermediario para que influyera en la decisión chilena de adquirir dos submarinos Scorpene al consorcio hispano-francés (Bazán y DCN) en diciembre de 1997. Guillermo Ceroni y Adriana Muñoz, parlamentarios impulsores de esta iniciativa, consideraron 'extremadamente grave' este pago porque 'una adquisición de material bélico debe responder exclusivamente a necesidades reales de material bélico y no a razones de influencias que pudieran derivarse de dineros utilizados para hacer lobby'. Los citados diputados exigieron que la comisión de Defensa se constituya en comisión de investigación para esclarecer esta operación. 'Queremos absoluta transparencia, determinar si hubo lobby y cómo pudo haber influido en que se firmara el contrato', explicó Ceroni.

Política de defensa

Y destacó que uno de los puntos que deben ser explicados es por qué si la idea de este pago era formar un lobby para hacer la compra, el contrato de Bazán con Seapoint Enterprises es posterior a que la empresa española ganara el concurso. Adriana Muñoz remachó que es esencial que el Parlamento chileno determine si la política nacional de Defensa la decide el país o las empresas de lobby.

Fuentes del ministerio de Defensa chileno señalaron que no tenían antecedentes sobre la empresa Seapoint. Por otra parte, un analista del sector sostuvo que las actuaciones de empresas de este tipo son habituales en grandes adquisiciones de material bélico, aunque no tenía información sobre esta compañía. La investigación en el Parlamento chileno, solicitada por todas las fuerzas que sostienen al Gobierno, discurrirá en paralelo a las pesquisas del PSOE en el Congreso. El diputado socialista Jordi Marsal ha reclamado ya toda la documentación del contrato.

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