El Tribunal de Conflictos aplaza al día 12 la solución del 'caso Liaño'

El Tribunal de Conflictos no tomó ninguna decisión en la deliberación de ayer ni realizó ninguna votación resolutoria, lo que dejaron para el próximo día 12. Fuentes del Supremo interpretaron el aplazamiento de la sesión como una falta de unanimidad entre los seis juzgadores, tres de ellos del Tribunal Supremo y otros tres del Consejo de Estado.

Según las fuentes consultadas, de haberse registrado unanimidad entre los presentes no habría motivo para que ayer mismo no se hubiera conocido la decisión. De hecho, las previsiones anticipadas a los medios informativos eran de que ayer mismo se conocería el fallo y que en fechas posteriores, tras la notificación oficial, se divulgaría la sentencia. Así sucedió en otros conflictos de competencias muy controvertidos, como el conflicto entre la Audiencia Nacional y el Ministerio de Justicia sobre la extradición del narcotraficante Jorge Luis Ochoa, o más recientemente, en el que enfrentó a los jueces de la Audiencia Nacional con el Ejecutivo por los denominados papeles del Cesid.

El Tribunal de Conflictos se reunió a las 10.30 de la mañana de ayer bajo la presidencia de Javier Delgado Barrio, presidente del Tribunal Supremo, en el salón de plenillos de este alto tribunal, y quedó integrado por los también magistrados de lo Contencioso Administrativo del Supremo Rodolfo Soto, ponente de la resolución, y Pedro Antonio Mateos, y por los consejeros permanentes de Estado José Luis Manzanares Samaniego, Antonio Pérez Tenessa y Miguel Vizcaíno.

Según fuentes del Supremo, el presidente Javier Delgado es la persona clave en la deliberación, no sólo por su posición sino porque además cuenta con voto de calidad en caso de empate. Según fuentes próximas a Delgado, el presidente deseaba dejar ayer cerrado el caso Liaño para centrar su atención en la nueva situación derivada del Pacto de Estado por la Justicia, que conlleva un nuevo sistema de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial, organismo que también preside y que finaliza su mandato el 24 de julio.

Sin embargo, el tribunal abordó tres conflictos que en el orden del día iban antes del caso Liaño y los dejó resueltos. Sobre la una de la tarde abordó el conflicto suscitado por el Ejecutivo para reintegrar a la carrera al ex juez condenado por prevaricación, pero una hora más tarde lo aplazaba para continuar el martes día 12.

Según fuentes del Supremo, si el Tribunal de Conflictos diera la razón al Ejecutivo el Supremo debería remitir el texto del indulto al Consejo General del Poder Judicial para que éste reintegrase al juez Javier Gómez de Liaño a la carrera judicial.

Sin embargo, la opinión más generalizada es que, incluso en este caso, Liaño tendría que esperar cinco años para cancelar sus antecedentes penales antes de volver a vestir la toga. Ese es el plazo de cancelación de antecedentes desde que queda extinguida la pena para los condenados a penas graves. Liaño fue condenado a 15 años de inhabilitación, pero el indulto no cancela los antecedentes.

En el caso de que se rechace el conflicto instado por el Gobierno, Liaño sólo podría acceder a la carrera judicial por el turno de juristas o realizando nuevas oposiciones tras cancelar los antecedentes.