El fiscal apoya al Gobierno ante el Tribunal de Conflictos en el 'caso Liaño'

El fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Rogelio Gómez Guillamón, ha apoyado ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción al Ministerio de Justicia en su enfrentamiento con la Sala de lo Penal del Supremo, por estimar ésta contraria a la Ley de Indulto la pretensión gubernamental de reintegrar a la carrera judicial al ex juez Javier Gómez de Liaño, a pesar de que su expulsión de la judicatura por prevaricar es una pena ya cumplida.

Gómez Guillamón pide al Tribunal de Conflictos -formado por tres magistrados del Supremo y tres consejeros permanentes de Estado designados por el Ejecutivo- que establezca que la Sala Penal del Supremo 'se excedió en sus facultades (...) e invadió la potestad de gracia real instrumentalizada por el Gobierno', ya que debió limitarse a remitir el decreto de indulto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 'para su cumplimiento íntegro'.

Para que así sea, el fiscal pide al Tribunal de Conflictos que anule la resolución del Supremo y remita al CGPJ el decreto de indulto. Y afirma que el derecho de gracia, 'según universal aceptación', asegura, 'es una potestad metajurídica, que sólo periféricamente (...) está regulada en la ley'.