El Tribunal de Conflictos devuelve a Liaño a la carrera judicial, contra el criterio del Supremo

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción votó por unanimidad a favor de dar la razón al ministro de Justicia, Ángel Acebes, en el conflicto planteado con la Sala de lo Penal del Supremo. Diez de los 11 magistrados de esta Sala votaron en pleno contra la existencia del conflicto y a favor de defender su propia competencia para revisar la legalidad de los indultos concedidos por el Gobierno.

Según una nota de prensa difundida por el presidente del Supremo, Javier Delgado, el tribunal decidió por unanimidad que 'la competencia para la determinación del alcance del indulto en cuanto a la pena ejecutada corresponde al Gobierno'. Al mismo tiempo, el tribunal votó que 'las cuestiones relativas al reintegro de Gómez de Liaño a la carrera judicial competen al Consejo General del Poder Judicial'.

Fuentes jurídicas apuntaron que la resolución del Tribunal de Conflictos mencionará expresamente la aplicación del artículo 380 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de dejar claro que el ex juez condenado por prevaricación no podrá volver a la carrera judicial antes de tener cancelados sus antecedentes penales, en el plazo de cinco años a partir de la fecha de extinción de la responsabilidad criminal, es decir, el 21 de diciembre de 2005, a los cinco años de publicarse el indulto.

El artículo 380 de la Ley del Poder Judicial señala que 'quienes hubieren perdido la condición de juez o magistrado (...) podrán solicitar del Consejo General del Poder Judicial su rehabilitación, una vez obtenida la establecida en el Código Penal, si procediere'.

Esta parte de la resolución trataría en cierta forma de paliar el revolcón propinado al Tribunal Supremo en su firme decisión de vetar el reingreso en la Judicatura de un ex juez condenado por prevaricación. Las citadas fuentes se esforzaron en presentar la decisión como salomónica y apaciguadora, por más que el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen la virtual imposibilidad de que Liaño pueda sentarse en un tribunal adornado con sus antecedentes por prevaricación continuada.

Pérdida en el escalafón El ex juez, indultado por el Gobierno de la pena de 15 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación en la instrucción del caso Sogecable, tendrá 57 años cuando reingrese en al carrera y habrá perdido su puesto en el escalafón, aunque no su condición de magistrado. Según el decreto de indulto del Gobierno, no podrá volver a la Audiencia Nacional en un plazo de 25 años, que le sitúa en la jubilación. Fuentes del Poder Judicial señalaron que con la pérdida de ocho años de escalafón -tres de proceso y cinco de cancelación de antecedentes- Liaño tendrá dificultades para optar al Tribunal Superior de Madrid y quizá incluso a la Audiencia Provincial. El portavoz del Consejo del Poder Judicial, Benigno Varela, aseguró que la sentencia 'pasará a la Sala Segunda del Supremo, que adoptará una resolución y se remitirá al CGPJ para que determine si se dan las condiciones para el reintregro de Gómez de Liaño en la carrera judicial'.

Fuentes del Supremo indicaron que si se les remite la sentencia estudiarán la posibilidad de elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, aún a riesgo de que se les inadmita por defectos de forma.

Entretanto, el Gobierno que indultó a Liaño hizo ayer una triunfalista declaración. El ministro de Justicia aseguró: 'Ha quedado salvaguardada la potestad de indultar del Gobierno'. La nota del departamento que dirige Acebes subrayaba que 'ha quedado acreditado que el real decreto de indulto era plenamente ajustado a derecho'.

Justicia también recalcó la unanimidad alcanzada por el Tribunal de Conflictos. Este tribunal especial está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado, que tiene voto de calidad; dos magistrados de lo Contencioso Administrativo del Supremo, Pedro Antonio Mateos y Rodolfo Soto; y tres consejeros permanentes de Estado, José Luis Manzanares Samaniego, Antonio Pérez-Tenessa y Miguel Vizcaíno, todos pertenecientes al sector conservador.

José Luis Manzanares Samaniego -amigo personal de Liaño y con interés en el pleito, según relata el ex juez prevaricador en su libro Desde el banquillo- y el consejero de Estado Antonio Pérez-Tenessa anunciaron un voto particular concurrente en el que al parecer se mostrarán partidarios del reingreso inmediato de Liaño en la Judicatura, incluso sin necesidad de cancelar sus antecedentes.