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El abogado del Estado respalda al ministerio en el 'caso Liaño'

La Abogacía del Estado, institución que depende del Ministerio de Justicia, ha pedido al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que declare improcedente la resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo que rechazó el reintegro en la carrera judicial del ex juez condenado por prevaricación Javier Gómez de Liaño, en los términos del indulto firmado por el titular del departamento, Ángel Acebes.

Según el dictamen presentado ayer al Tribunal de Conflictos por el abogado jefe, Ricardo Miñarro, la resolución del Supremo 'invade las competencias que constitucional y legalmente corresponden al Consejo de Ministros para el ejercicio del derecho de gracia'.

El abogado del Estado insiste en que en este caso concurre un conflicto de jurisdicción -algo que rechaza la práctica totalidad de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo- y sostiene que al alto tribunal 'sólo le corresponde aplicar el indulto, pero sin innovarlo o modificarlo, ni siquiera controlarlo, allí donde la Ley no lo permite, como pretende la Sala'. El abogado del Estado también contradice el argumento del alto tribunal de que se pretende que el Tribunal de Conflictos actúe como un tribunal superior al Supremo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de abril de 2001