Justicia singular

El juicio que se celebra estos días contra el español Joaquín José Martínez, condenado a muerte en Florida en una primera vista posteriormente anulada, está asombrando a la opinión española por las irregularidades y falta de garantías que están aflorando en relación con la investigación y el procesamiento que llevaron al reo al corredor de la muerte. La presión española a favor de la revisión del juicio estaba fundamentalmente motivada por el rechazo a la pena de muerte, independientemente de la culpabilidad o no del acusado. Pero, a la vista de esas irregularidades, se abre paso la hipótesis de la no culpabilidad.

Es posible que el cambio en la petición fiscal, de pena capital a cadena perpetua, sea, en parte, consecuencia de esa presión española: la idea sería que, una vez eliminada la posibilidad de pena de muerte, el asunto dejaría de interesar en España. No ha sido así, porque el juicio está revelando la existencia de una serie de manipulaciones interesadas en las pruebas y también el abandono de otras líneas de investigación en cuanto apareció un hispano acusado por su ex esposa. El hecho de que una de las víctimas fuera hijo de un policía compañero del detective que llevó las pesquisas parece haber sido determinante en la precipitación y escasos escrúpulos con que se hizo la investigación.

El abogado de Martínez ha logrado demostrar que por influencia de ese detective se modificó la fecha en que, según el informe forense, se produjo el doble asesinato, para hacerla coincidir con un periodo sobre el que el acusado carecía de coartada. Fue también ese detective quien decidió, tras la denuncia de la ex esposa de Martínez, abandonar otra vía de investigación seguida hasta entonces, pese a los indicios existentes. Otra baza de la defensa es la comprobación de que en el lugar del crimen no había ningún resto (de sangre o cabello) que pudiera pertenecer a Martínez. Ahora, lo decisivo será la declaración de su ex esposa, principal testigo de cargo en el primer juicio, y que arriesga ser acusada de perjurio si ahora cambia la declaración. La defensa tratará de demostrar que actuó por despecho.

El asunto sirve también para ilustrar a la opinión pública española, ya muy escamada por episodios como el de la absolución de O. J. Simpson, sobre las singularidades de la justicia norteamericana: sobre todo, con la demasiado ostensible relación entre las garantías del acusado y las minutas que cobran sus abogados.