Defensa planea crear una empresa pública para comprar armas y alquilarlas al Ejército

El propósito que persigue Trillo-Figueroa con la creación de esta sociedad, que podría adoptar la forma de entidad pública empresarial, es alargar en el tiempo el pago de los grandes programas de armamento, según fuentes de su departamento.

Para hacer frente a los compromisos adquiridos, que rondan los dos billones de pesetas, Defensa debería aumentar sustancialmente su presupuesto, lo que tropieza con el objetivo de eliminar el déficit del Estado e incluso lograr el superávit de las cuentas públicas en 2002.

La ventaja de la fórmula que pretende Defensa es que, en vez de pagar los barcos o aviones en cinco o siete años, su coste se repercutiría a lo largo de los 25 o 30 que dura su vida útil. Las empresas fabricantes cobrarían igual que ahora, pues les pagaría la nueva sociedad, mientras que ésta recuperaría el dinero con el canon que le pagara poco a poco Defensa.

La paradoja estriba en que los medios utilizados por las Fuerzas Armadas para defender a España no serían de su propiedad, al menos hasta que los amortizara, sino de una empresa, propiedad inicialmente del Estado, pero que podría llegar a abrirse al capital privado.

Créditos bancarios

¿Y de dónde sacaría el dinero la nueva empresa para adquirir sistemas de armas multimillonarios? Por un lado, de las aportaciones de capital público, se supone que procedentes del presupuesto de Defensa; pero, sobre todo, de los créditos negociados con entidades financieras.

Al tratarse de una sociedad, podría endeudarse con la banca privada, lo que no puede hacer directamente un ministerio. Se supone que estos créditos no se imputarían al déficit del Estado y no pondrían en peligro los objetivos del Gobierno.

Sin embargo, y éste es sólo uno de los inconvenientes del proyecto, a la larga habría que pagar más por el armamento, pues a su coste habría que sumar el interés de los créditos bancarios y los gastos de funcionamiento de la sociedad, así como sus eventuales beneficios.

El Ministerio de Defensa está muy atento al debate en otros países europeos, como Alemania o el Reino Unido, donde se estudian fórmulas similares. En España, también se ha recurrido a la creación de empresas, con capacidad de recurrir a la financiación privada, para acometer las grandes inversiones públicas civiles.

En la Administración central, el Ministerio de Fomento creó el ente Gestor de Infraestructura Ferroviaria (GIF) para construir las nuevas líneas de AVE; mientras que, entre las comunidades autónomas, Madrid constituyó la sociedad MINTRA, para las nuevas líneas de metro, y Cataluña la compañía GISA, para el eje transversal de carreteras y otras obras públicas. En estos casos, sin embargo, se trataba de productos dirigidos a un mercado, por lo que los costes de la operación podían repercutirse en la tarifa que abonan los usuarios, algo problemático cuando el único cliente son los ejércitos.

Expertos presupuestarios advierten de que, para que las cuentas de estas empresas públicas no graven el déficit del Estado, es preciso que sus ingresos procedentes de ventas superen al menos el 50% de los gastos, incluida la amortización de los créditos. En su opinión, es muy difícil que la Unión Europea acepte la creación de sociedades instrumentales cuyo objetivo más o menos expreso es evitar que afloren gastos reales.

Fuentes de Defensa reconocen que el proyecto puede encontrar resistencias entre los responsables económicos del Gobierno, pero señalan que la alternativa es un fuerte aumento del presupuesto militar o la cancelación de programas en los que se juega el futuro de la industria española de Defensa y su papel internacional, como el avión de transporte A300M de EADS-CASA o los submarinos S-80 de Izar.