El Gobierno acusa a Schröder de mantener una posición insolidaria en la pugna europea

Los argumentos en los que España basa su pretensión parten de un hecho incuestionable: la prevista entrada, probablemente a partir de 2004, de nuevos miembros del Este. Esto provocará que si los fondos europeos siguen repartiéndose con las reglas actuales, siete regiones españolas que ahora reciben ayudas europeas dejarán de tenerlas a partir de 2006. 'Existe el problema, y hasta los menos listos lo saben', afirma el secretario de Estado de Exteriores, Ramón de Miguel.

Para el periodo 2000-2006, esas ayudas regionales para España se elevan a 43.087 millones de euros (7,16 billones de pesetas), a los que se suman otros 11.160 millones de euros (1,85 billones de pesetas) del Fondo de Cohesión. El reparto quedó pactado hasta 2006, pero habrá que negociarlo de nuevo para el periodo 2007-2013. Hoy, las ayudas regionales se las llevan las regiones que no superan el 75% del Producto Interior Bruto medio comunitario por habitante. Al entrar países más pobres, la mayoría de regiones españolas superarán ese porcentaje. 'Pero seguirán siendo igual de pobres, aunque estadísticamente no lo parezca', advierte Juan de Dios Izquierdo, el eurodiputado socialista experto en Política Regional de la UE.

Por eso, Izquierdo, como la mayoría de eurodiputados españoles, sean del PP o del PSOE, defienden la posición del Gobierno español. 'O cohesión para todos y cumplimiento de lo pactado... o guerra política', advierte el eurodiputado manchego. Aunque mantiene tesis similares, De Miguel prefiere usar términos menos duros: 'Pedimos algo razonable, aunque la reacción se ha sobredimensionado'.

La política de cohesión en la UE, en la que está basada la propia existencia de los fondos comunitarios, es la otra cara del mercado único. A cambio de que los países menos desarrollados de la UE aceptaran ese mercado sin fronteras, con la consiguiente ventaja para los más desarrollados, se pactaron unas ayudas para que los menos favorecidos compensaran el impacto y crecieran a mayor ritmo para lograr la convergencia económica con el resto.

El ministro de Exteriores, Josep Piqué, explica cuál es problema: 'Si no prevemos una solución al llamado efecto estadístico, la ampliación provocará un perjuicio grave, de forma artificial y automática, a los beneficiarios actuales de la cohesión'. Como Piqué, Aznar ha insistido en que las regiones españolas deben seguir recibiendo importantes ayudas para mantener su ritmo de desarrollo, pero no a costa de restar dinero a los nuevos países de la Unión. 'Con la ampliación aumentarán no sólo el número de Estados miembros y, en consecuencia, el número de beneficiarios potenciales, sino también las disparidades regionales', comenta Aznar en el memorando que remitió el mes pasado a sus colegas, a quienes precisa que España es 'plenamente solidaria' con los países candidatos.

Es decir, lo que el Gobierno español exige es que haya fondos para los pobres actuales y para los que lleguen. Y eso se traduce en que Aznar pida 'un mayor volumen de recursos'. '¿Cómo se consigue algo tan ideal?', se pregunta Izquierdo. 'Rascándonos todos el bolsillo y sin mala conciencia, porque los que más lloran y se denominan contribuyentes netos son los que más reciben, neto y bruto, de esta UE'.

Beneficio alemán

Izquierdo se refiere así a que, en efecto, son los países de la UE más desarrollados los que más se benefician del mercado único. España, por ejemplo, importa anualmente de Alemania vehículos por más de un billón de pesetas, una cantidad muy similar a la que reciben en ayudas las regiones españolas. Es más, algunas de las grandes infraestructuras que en España se han hecho en parte con fondos europeos, como el AVE, repercuten finalmente en beneficio de empresas alemanas, que aportan locomotoras, maquinaria o tecnología.Pero el canciller alemán y su ministro de Exteriores, Joschka Fischer, ya han advertido de que 'los recursos tienen un límite'. Son estas prevenciones las que enervan al Ejecutivo español.

Los argumentos españoles no han sido rebatidos hasta ahora en ningún caso. El conflicto se ha planteado en el terreno estratégico y formal. Aznar quiere que el problema se aborde en estas mismas semanas, en el contexto de las negociaciones de adhesión. La mayoría de Gobiernos opina que son dos cuestiones que no deben ser mezcladas. Entretanto, España bloquea, hasta que Alemania no ceda, la pretensión de Berlín de imponer una moratoria de 7 años a los trabajadores de los nuevos países de la UE que quieran establecerse en la actual UE. Alemania había conseguido dejar a España prácticamente aislada, pero tras las elecciones italianas el pulso ya no es tan desigual: Roma ha prometido su incondicional apoyo a Aznar.