El arbitrismo como forma de gobernar

PARA MODERNIZAR UNA ECONOMÍA es más importante crear el marco regulatorio adecuado que liberalizarla rápidamente. Ésta es una de las lecciones que ha sacado de su experiencia el que fue economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial, Joseph Stiglitz (véase EL PAÍS del pasado miércoles). Viene a cuento esta referencia por los problemas que está teniendo el Gobierno español para aplicar una política de la competencia razonable e independiente y para establecer una regulación estable y no arbitrista, como tan a menudo sucede.

La última injerencia (last but not least) ha sido el veto del Ministerio de Economía a la compra de Hidrocantábrico por parte de dos empresas con capital público foráneo. A finales del mes pasado, la Comisión Europea criticaba el intervencionismo que ejerce el Ejecutivo español en la aplicación de la política de la competencia, y advertía que 'la estructura institucional a la hora de aplicar la política de la competencia sigue otorgando un importante papel al Gobierno'. La Comisión coincidía en esta ocasión con Stiglitz al afirmar que esta ausencia de reguladores fuertes e independientes es una de las causas de que el grado de apertura de la economía española sea inferior al de otros países de su entorno.

La crítica le llega ahora al Gobierno de parte del empresariado. La CEOE acaba de sacar un documento titulado Seguridad jurídica, inversiones y actividad empresarial, en el que profundiza en la ausencia de una regulación estable en España, lo que genera inseguridad jurídica al empresario y desestabiliza su actividad. Hasta los liberales más recalcitrantes insisten en que sin instituciones sólidas e independientes del poder ejecutivo no hay economía de mercado sólida ni Estado de derecho consecuente. En una primera versión del documento de la CEOE, publicada en Expansión (21 de abril pasado), se afirmaba que 'los abruptos y sorprendentes cambios normativos' producen en el empresario nacional y extranjero 'inseguridad jurídica, angustia ante el Derecho y conciencia de poder ser sancionado por algo que ni él ni sus asesores saben qué es'; que 'la falta de certeza (en la estabilidad normativa) puede convertir, en ocasiones, los derechos de los ciudadanos y de los agentes económicos en mero formalismo sin contenido real'. El documento protesta por la habitual práctica del Gobierno de utilizar los decretos leyes y la ley anual de acompañamiento de los presupuestos 'para producir un aluvión de normas, sin tener en cuenta las normas preexistentes'.

El texto aportado por la CEOE a EL PAÍS no es idéntico al del periódico económico, sino más genérico y menos brusco en sus críticas al Gobierno, como si el inicial hubiese pasado una criba. En él se define la seguridad jurídica como una suma de valores, como son los de seguridad personal, certeza normativa, no retroactividad injustificada, interdicción de la arbitrariedad, respeto al principio de confianza legítima y tutela efectiva de los derechos. Sin referirse en concreto al Gobierno de Aznar, se dice que, demasiado a menudo, nuestra sociedad se caracteriza por un incremento notable y creciente de sus normas jurídicas, pudiendo llegar a un punto tal que la incertidumbre sea la regla, y la seguridad jurídica, la excepción. Se necesitan regulaciones jurídicas de la mayor estabilidad y regulaciones económicas conocidas, transparentes y con vocación de permanencia.

Las llamadas de atención de la Comisión Europea y de la patronal al Gobierno no son sospechosas de pertenecer al terreno de la confrontación política. Por eso son tan significativas. Lástima que la CEOE se haya enterado tan tarde de este intervencionismo arbitrista y permaneciera en silencio, por ejemplo, cuando, a través de la guerra digital, el Gobierno quiso acabar con un grupo de comunicación por no ser de su agrado.