Confesiones desde la celda

En el interior de una destartalada prisión en el centro de la ciudad, en una tarde calurosa, varios antiguos generales del presidente Fujimori pasean, entre gruñidos, por un patio de cemento de color verde. Los generales, detenidos recientemente, pasan su tiempo de recreo con poco entusiasmo, jugando al fútbol y recordando los días en los que los colaboradores de Fujimori podían contar, al menos, con un amigo fiel: el tío Sam.

El general Juan Miguel del Águila, jefe de la Oficina Nacional Antiterrorista de Perú hasta el año pasado, y más tarde jefe de seguridad de la Policía Nacional, recuerda las frecuentes reuniones con agentes de los servicios de información norteamericanos hasta el momento en el que Fujimori abandonó la presidencia y huyó a Japón, el pasado noviembre.

'Estados Unidos era nuestro socio en todos los aspectos, nos proporcionaba información, formación, material y colaboración sobre el terreno', dice Del Águila, que está acusado de conspiración en el caso de la bomba que estalló el año pasado en un banco del centro de Lima, una acción planeada por el Gobierno y de la que se pretendió responsabilizar a los adversarios de Fujimori para dar una imagen radical de ellos. 'Estados Unidos era nuestro mejor aliado.'

Menos hablador, el general Nicolás Hermoza Ríos, que se graduó con todos los honores en la Escuela de las Américas de Fort Benning (Georgia), se quita de encima a un periodista extranjero. El ex jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Fujimori durante la mayor parte de los años noventa -una década en la que Perú se disputó con Colombia el honor de ser el mayor receptor de ayuda militar de EE UU en Latinoamérica-, acaba de declararse culpable de haberse quedado con 2.500 millones de pesetas de beneficios ilícitos por venta de armas. Sigue rechazando otras acusaciones más serias de haber aceptado dinero, en concepto de protección, de los mismos traficantes de drogas por los que EE UU estaba pagando a Perú para que luchara contra ellos.

Las detenciones de 18 generales en los seis meses transcurridos desde la caída de Fujimori -entre más de 70 altos cargos militares y de información de su Gobierno contra los que se han presentado acusaciones penales- han levantado un velo que cubría el lado oscuro de la colaboración estratégica de Washington con Perú durante los años noventa. Celebrada como un modelo de cooperación militar entre Estados Unidos y Latinoamérica, la estrecha alianza formó parte de una cruzada para aplastar a los guerrilleros de izquierdas y los narcotraficantes. Para ello, EE UU proporcionó a Perú no sólo dinero, sino también formación, material, información y personal de la CIA, a la Agencia de Lucha contra la Droga y las fuerzas armadas.

El principal enlace de Perú con Washington fue durante años Vladimiro Montesinos , además de jefe de los servicios de información de Fujimori. Ahora es un fugitivo por el que se ofrece una recompensa de 900 millones de pesetas. Continuamente defendido por las autoridades estadounidenses y la CIA y calificado de firme aliado en la guerra contra la droga, Montesinos afronta en la actualidad 31 cargos criminales, que incluyen la acusación de que ordenó una serie de matanzas de civiles entre 1991 y 1992 y protegió a ciertos narcotraficantes mientras ayudaba a EE UU a capturar a otros.

Sin embargo, la depuración que se está llevando a cabo desde la caída de Fujimori ha revelado que muchas de las personas con las que más estrechamente colaboró EE UU para alcanzar sus objetivos -sobre todo en la guerra contra las drogas-, al parecer, actuaron a ambos lados de las trincheras y formaron una red de corrupción delante de las narices de sus socios norteamericanos. Para muchos peruanos, este hecho ha suscitado la duda de si los funcionarios estadounidenses que trabajaban en el país fueron víctimas de un engaño o se limitaron a mirar hacia otro lado.

Algunos funcionarios estadounidenses reconocen que fallaron al no adoptar una postura más firme respecto a personajes importantes del Gobierno de Fujimori, especialmente Montesinos. Éste, un desertor del ejército que vendió secretos de Estado a la CIA en los años setenta, fue en otra época abogado de narcotraficantes. A principios de los ochenta firmó un documento legal en nombre de un cliente colombiano para la compra de unos edificios en Lima en los que luego se descubrió que se había guardado material para fabricar cocaína.

Sus antecedentes y las constantes alegaciones sobre delitos cometidos en los años noventa suscitaron preocupación en la embajada estadounidense en Lima, y en Washington. Pero la CIA explicó que los rumores sobre su implicación en la corrupción eran exagerados y le calificó de elemento fundamental. Siguió siendo el enlace principal con EE UU y asistió a numerosas reuniones con autoridades norteamericanas, entre ellos el ex coordinador de la política sobre droga en la Casa Blanca, Barry R. McCaffery, y el general Charles Wilhelm, antiguo jefe del Mando Sur de EE UU.

En Perú, los críticos dicen que la relación floreció pese a que, desde principios de los noventa, las pruebas indicaban un cuadro generalizado -aunque incompleto- de corrupción en altas instancias. Entre dichas pruebas estaba el testimonio presentado durante una investigación del Congreso sobre corrupción en 1993, cuando una testigo gubernamental que había trabajado con el más famoso traficante de drogas de Perú, Demetrio El Vaticano Chávez, testificó que el general Hermoza había estado recibiendo entre 10 y 20 millones de pesetas al mes en concepto de protección. La testigo dijo asimismo que Montesinos 'es el que más provecho está sacando de El Vaticano', según las transcripciones de su testimonio.

Pruebas concluyentes

Chávez fue detenido en Colombia y extraditado a Perú. Durante su proceso, en 1996, aseguró que había pagado a Montesinos diez millones mensuales. Varios días después de su testimonio Chávez rectificó. Pero ahora dice que le torturaron y le ordenaron que se retractara. Otros narcotraficantes capturados también dicen que prestaron testimonio y suministraron datos a las autoridades norteamericanas sobre el dinero que se le pagaba a Montesinos, pero que sus informaciones fueron ignoradas. Un funcionario estadounidense dijo: 'El problema de las supuestas pruebas sobre Montesinos y los generales es que siempre parecen proceder de narcotraficantes'.

Sin embargo, aparecieron otras pruebas. En mayo de 1996 la policía aprehendió 170 kilos de cocaína -con un valor aproximado de 3.000 millones de pesetas- en un DC-8 de las fuerzas aéreas peruanas que viajaba hacia Rusia a través de Miami. Fueron detenidas 13 militares. El mes de julio de ese mismo año se encontraron 127 kilos en dos barcos de la marina peruana, uno en Vancouver, Canadá, y el otro en el principal puerto de Perú, El Callao. A lo largo de estos diez años se investigó a docenas de funcionarios por tráfico de drogas, y muchos fueron detenidos.

Pero los antiguos responsables de la lucha contra la droga en el Gobierno de Fujimori aseguran que agentes de la CIA y los organismos antidroga de EE UU se daban por satisfechos con las promesas de que se iban a hacer esfuerzos para erradicar la corrupción. 'No voy a defender a una Administración que, como ahora sabemos, estaba podrida, pero sí puedo asegurar que la mayoría de los que trabajábamos en la lucha contra las drogas éramos personas honradas y no sabíamos lo que sucedía', declara el general Dennis del Castillo, que dirigió la Oficina de Narcóticos de la Policía Nacional.

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