Desvelar la trama

La investigación sobre la presunta trama de corrupción descubierta en Hacienda de Barcelona hace dos años empieza a materializarse en medidas concretas. Los registros practicados el pasado jueves por la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en las sedes de importantes constructoras del Grupo Núñez y Navarro, SA, incluido el domicilio particular de su propietario -el ex presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez- e Ibusa, de Eduardo Bueno, ex dirigente de Alianza Popular, revelan que los indicios sobre supuestos sobornos y tratos de favor han ido cristalizando.

El escándalo de Hacienda de Barcelona estalló en abril de 1999, cuando trascendió que dos altos responsables de la Administración Tributaria catalana, Josep Maria Huguet y Ernesto de Aguiar, habían transferido cientos de millones a sus cuentas secretas bancarias en Suiza. El fraude sería mucho más grave si se confirma la sospecha de que parte de estos fondos no procedía de operaciones bursátiles, como aseguran los acusados, sino que tenían relación con los servicios prestados al Grupo Torras a través del abogado Juan José Folchi.

Las investigaciones posteriores culminaron en una querella presentada hace un año por la Fiscalía Anticorrupción contra siete inspectores fiscales, uno de los cuales se encuentra en prisión, que describe distintas operaciones por presuntos tratos de favor a empresas constructoras de Cataluña. Las acusaciones apuntan a que los inspectores fueron compensados con pisos a bajo precio o prebendas en agradecimiento a la impunidad fiscal ofrecida, o simplemente haber pasado por alto supuestos apaños en las contabilidades.

El rigor de los registros, seguramente necesario para obtener las pruebas, no debería implicar más aparatosidad ni espectacularidad que las pertinentes. Un buen funcionamiento de Hacienda y de la justicia exige el máximo cuidado en estas actuaciones. Las intervenciones espectaculares que después se desvanecen resultan tan desconcertantes como contraproducentes.

La circunstancia de que los afectados fueran dos altos cargos de Hacienda y un destacado constructor no debería añadir ninguna carga más que la prevista en las leyes. Pero tampoco debe minimizar la gravedad de los hechos la presunta implicación de un destacado personaje de la vida social de este país. Es deseable que los investigadores aceleren su trabajo para aclarar cuanto antes la supuesta trama y evitar un excesivo alargamiento del proceso, que es siempre contrario a la justicia.