Retrasos y confusión

La actitud de la ministra Anna Birulés respecto a la ciencia, que da nombre a su ministerio, ha sido de desapego indisimulado a lo largo de este año, según los expertos ('no la entiende ni le interesa' coinciden en asegurar conocidos suyos). Ello no le ha librado de sufrir continuos sobresaltos desde el pasado mes de septiembre.

La degeneración en la gestión de los escasos fondos públicos destinados a investigación y desarrollo (I+D) al final de la primera legislatura popular y la falta absoluta de comunicación con los anteriores gestores desembocó antes del verano en la casi paralización del sistema de ciencia y tecnología en algunas áreas. Cuando los científicos empezaron a quejarse públicamente de los retrasos en la percepción de fondos se añadió la denuncia en foros internacionales del maquillaje del presupuesto español de I+D, en el que se engloban cuantiosos fondos destinados a créditos para la construcción de fragatas, tanques y aviones en programas internacionales.

La promesa del presidente Aznar de alcanzar el 2% de inversión en I+D en 2003 parece inalcanzable, ya que los indicadores internacionales siguen dando a España una escasísima inversión, de apenas el 0,9% del PIB.

Esa poca inversión real en los últimos años de bonanza ecónomica, en contraste con las declaraciones oficiales, ha producido una gran bolsa de científicos jóvenes que tras recibir formación de alto nivel en España y en el extranjero, financiada con fondos públicos, no tienen posibilidad de trabajar en su país o se encuentran en condiciones precarias. Estos

precarios

(como se autodenominan) se han unido y han contribuido en los últimos meses, con sus protestas e iniciativas legales a través de partidos políticos, a dar una mala imagen de la gestión del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, al igual que lo han hecho las polémicas surgidas tras conocerse cada una de las confusas iniciativas de los responsables del equipo

científico

del ministerio, a cuyo frente está el economista Ramón Marimón como secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica.

Una multimillonaria convocatoria sorpresa en diciembre pasado de ayudas para infraestructuras científicas y tecnológicas, para optar a las cuales era necesario disponer de un NIF, enrareció aún más el ambiente. Este

parquetazo,

como pasó a ser conocido, fue el último recurso del ministerio para evitar que quedaran sin gastar fondos que provenían del anterior ministerio de Industria y favoreció, según los críticos, a determinados proyectos de parques científicos mientras la mayor parte de la comunidad científica no llegó a enterarse.

El anunciado plan de recuperación de cerebros. se ha plasmado en el BOE en el programa de contratos de cinco años Ramón y Cajal, cuyas condiciones no lo hacen atractivo para investigadores consolidados, y el ministerio parece decantarse (dentro de una política de opacidad) por nuevas vías de financiación, en forma de créditos y subvenciones, no sujetas a la evaluación externa imprescindible para mantener la excelencia en cualquier sistema de ciencia y tecnología.