El año amargo de la ministra Birulés

'Vaya castañazo', se escuchó decir a la ministra Anna Birulés en un cóctel ofrecido por la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica. Momentos antes, José Ángel Sánchez Asiaín, presidente de la fundación, había expresado a la titular de Ciencia y Tecnología la decepción de los 'expertos' por los escasos resultados de su gestión. 'La creación de un ministerio dedicado a estas tareas fue un signo de modernidad', dijo el ex presidente del BBV. 'Varios meses después', añadió, 'la percepción de los expertos ha cambiado'.

Birulés cumple ahora un año al frente de Ciencia y Tecnología, el ministerio con el que el segundo Gobierno del PP quiso dar una nota de modernidad y poner a España en la vanguardia tecnológica. El nuevo ministerio fue una de las novedades introducidas por Aznar en la segunda legislatura. Su objetivo era, y es, corregir el déficit de España en materia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y crear la llamada Sociedad de la Información en España.

Las telecomunicaciones debían ser uno de los instrumentos para lograrlo, pero los continuos giros del ministerio en este sector han puesto en pie de guerra, y no pocos apuros financieros, a las operadoras, y los planes anunciados para introducir más competencia han terminado, en parte, en un fiasco. En el área de investigación, las cosas no van mejor.

Birulés, a la que llueven las críticas desde el ámbito privado, ha asumido competencias de departamentos tan dispares como Educación (y Ciencia, hasta abril del pasado año), Fomento o Industria, lo que genera frecuentes conflictos con sus colegas en el Consejo de Ministros y deja desorientados a los profesionales que ha acogido bajo su paraguas.

'Se consideró un gran acierto agrupar en un único ministerio todas las competencias de la Administración en materia de tecnologías de la información y comunicaciones', afirma Jorge Pérez, presidente de la asociación profesional cuerpo superior de Sistemas y Tecnología de la Información de la Administración del Estado.

La iniciativa, sin embargo, ha resultado polémica porque se han metido en el mismo saco materias que han correspondido tradicionalmente a Educación y Ciencia -todo lo relacionado con la investigación y las universidades- y Fomento -donde estaba la Secretaría General de Comunicaciones-. Birulés, cuya carrera se ha forjado en la banca y en la Generalitat catalana, asumió, además, la herencia del desaparecido Ministerio de Industria, entre ellas, todo lo relacionado con el carbón y los astilleros. No es difícil encontrar apreciaciones como la del presidente de Dragados, Santiago Foncillas: 'Tiene unas competencias demasiado dispersas'. 'Aunque sabe rectificar', añadió el veterano empresario, refiriéndose a cambios inesperados como el retraso de las nuevas licencias de móvil que había prometido.

Dispersión de competencias

Paradójicamente, están fuera de sus atribuciones las tarifas telefónicas y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), dos instrumentos clave para el desarrollo de la competencia en el sector, y todo lo relacionado con la investigación militar -el área estratégica de satélites, en particular- que han mantenido dos pesos pesados del PP, Rodrigo Rato, ministro de Economía, y Federico Trillo, titular de Defensa.

Con ese reparto de competencias, algunas de las iniciativas promovidas por Birulés para las telecomunicaciones han salpicado a otros departamentos. Es el caso de los recursos presentados por las operadoras de móvil (Telefónica, Airtel, Amena y Xfera) contra la tasa por reserva del espacio radioeléctrico en el Tribunal Económico Administrativo (TEAC), dependiente de Hacienda.

El canon fue la respuesta de Birulés, recién llegada a la arena política, a las críticas de la oposición por la diferencia de ingresos obtenidos en España con el concurso de licencias UMTS (87.000 millones de pesetas) frente a lo recaudado en subasta por Alemania (8,4 billones) o Reino Unido (6,3 billones). El conflicto se ha extendido a las cadenas de televisión y radio y a las compañías de banda ancha vía radio, que también han recurrido la tasa (160.000 millones de pesetas este año), y ha llegado a las autoridades de la Comunidad Europea, ante las que Amena ha elevado una queja. La tasa, que se recogió en los Presupuestos, se revisará en próximos años a tenor de la depreciación de las licencias UMTS y los problemas para sacar esta tecnología adelante.

El pasado martes, la ministra asumió las recomendaciones del sector y de la CMT y anuncio una prórroga en la introducción del móvil multimedia (UMTS), con el que el Gobierno pretendía poner a España en la vanguardia tecnológica mundial el próximo agosto, y la suspensión del concurso de dos nuevas licencias que había aprobado el Consejo de Ministros.

Para el sector, que ha vivido durante meses sumido en la incertidumbre, la rectificación ha sido un acierto, pero no aclara los planes del Gobierno para alcanzar la sociedad de la información (lanzamiento del UMTS en 2002, impulso a la creación de nuevas infraestructuras, introducción de más competencia...). 'No supone un cambio de política. Todas las decisiones que se han tomado se encuadran dentro del marco regulatorio y de política económica, con el objetivo de conseguir la máxima competencia', explicó el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Baudilio Tomé.

Birulés, que llegó al ministerio avalada por su íntimo amigo Josep Piqué, ministro de Exteriores y ex portavoz del Gobierno, ha borrado de su currículo su paso por la dirección general de Retevisión, un aspecto que, a juicio de la oposición, le incapacita para defender determinadas medidas. La ministra mantiene que 'España va a ser fiel a sus principios de liberalización, competencia e innovación'. Se aferra para ello al plan Info XXI, que el Gobierno ha rescatado, presentándolo como un gran impulso a la nueva economía; pero que en realidad no es más que una acumulación de todo el gasto ya previsto en el conjunto de la Administración.

Con anterioridad lanzó la Ley de Comercio Electrónico, todavía en anteproyecto, o la Ley de Firma Electrónica, que está aún en la misma fase. Otros temas pendientes son la regulación de los dominios de Internet bajo el código de país correspondiente a España (el punto .es) y el real decreto que regulará la instalación de antenas de telefonía y otros equipos radioeléctricos.

Con Birulés ha entrado en vigor la tarifa plana para Internet, aunque sólo en horario reducido, y el número de internautas ha crecido siete millones (más de un 90%). Sin embargo, la apertura de la red local de Telefónica (aprobada el 1 de enero de 2001) no es una realidad y el antiguo monopolio conserva un 92% de la telefonía fija.

Las infraestructuras de banda ancha, tanto de cable como inalámbricas (LMDS), claves para acelerar el acceso a Internet, encuentran unas dificultades administrativas enormes. 'No es posible pensar seriamente en una sociedad de la información si no está dotada de los medios tecnológicos, con infraestructuras totalmente desarrolladas, con precios competitivos y accesibles', resume Jesús Banegas, presidente de la patronal Aniel.