Ley de urbanismo contra autonomía local

El Gobierno de la Generalitat demuestra siempre un tozudo interés por limitar las competencias de las corporaciones locales. El instrumento es ahora el proyecto de ley de urbanismo; una ley catalana del suelo que no sólo no recoge la reclamación de más autonomía expresada reiteradamente por los ayuntamientos catalanes, sino que propone una regulación intervencionista, que ata de manos a los municipios y les niega algo que ineludiblemente necesitan: instrumentos más eficaces de gestión urbanística y para resolver los problemas de suelo y vivienda. Los ayuntamientos reclaman mayor autonomía con el único fin de poder continuar ejerciendo, con más agilidad, la labor que ya han hecho a lo largo de más de dos décadas de democracia en la mejora de nuestros pueblos y ciudades, y la preservación del suelo no urbanizable respecto a los intereses especulativos.

Opina el autor del artículo que el preoyecto de ley de urbanismo constituye una invasión de competencias del ámbito local

El Gobierno catalán pretende enmascarar el secuestro de competencias municipales que encierra el proyecto de ley con los llamados programas de actuaciones urbanísticas municipales (PAUM), que podrían aprobar los ayuntamientos, pero sobre los que la Generalitat se reserva siempre la última palabra, la potestad de actuar sobre cualquier acción urbanística parcial que emprenda el municipio aunque se haga en el marco de un plan general de ordenación aprobado previamente por la Administración autonómica.

¿Dónde están la autonomía y las competencias en planificación y gestión urbanística para los ayuntamientos? Mientras que en el resto del Estado los municipios tienen reconocida la mayoría de edad para ejecutar sus propios planes parciales, el Gobierno de CiU pretende imponer a los ayuntamientos catalanes un régimen de tutela, basado en la desconfianza, en vez de reconocer que la institución que mejor puede definir el desarrollo de un municipio es el Ayuntamiento, en el nivel más próximo a los ciudadanos.

Esa voluntad de concentrar competencias encierra otros peligros, como es que el mundo local pueda perder también las competencias que tiene ahora -y que aplica a través de las diputaciones- en la protección de espacios naturales. La experiencia ha demostrado que es útil que haya un nivel de gestión de ámbito local supracomarcal que vele por el suelo no urbanizable que afecta a varios municipios y debe ser protegido, como hace la Diputación de Barcelona. La enorme desproporción que hay entre el esfuerzo que hace la Diputación, junto con los ayuntamientos, para la protección de los parques naturales de la provincia, con 4.200 millones de pesetas de dotación anual, frente a la reducida aportación de 130 millones de la Generalitat, sirve de ejemplo para darse cuenta del peligro de concentrar las competencias de protección de espacios naturales en la propia Generalitat y los consejos comarcales. Los espacios naturales no se atienen a los límites de una sola cormarca, e incluso el informe Roca sobre ordenación territorial defiende un modelo de país en el que exista un nivel administrativo por encima de las comarcas, las veguerías, que incorporen competencias de ámbito local.

Lo peor es que la Generalitat, que en más de 20 años de gobierno autonómico no ha sabido cumplir con su obligación de ordenar el territorio, quiere ahora controlarlo a través del trabajo que sí han hecho los ayuntamientos.

Pretende usurpar competencias municipales, cuando no ha sabido ejercer las propias para definir cómo debe crecer el país, qué redes de carreteras y de transporte público se necesitan, las previsiones de energía para hacer compatible el crecimiento y el respeto al medio ambiente, y cómo se debe gestionar el suelo y proteger el que no se debe urbanizar. Los problemas que se le acumulan al Gobierno de CiU respecto a la política del agua, el caso Enron o el Mapa Eólico son algunos frutos de tanta imprevisión

El proyecto de ley de urbanismo que tiene entre manos la Generalitat no sirve porque el secuestro de competencias municipales que contiene da motivos suficientes para recurrir contra la ley si llegara a aprobarse. El panorama no puede ser más negro si tenemos en cuenta que el Partido Popular se dispone a modificar los aspectos que no le gustan en el Parlament. Se trata de forzar, a través de enmiendas, los aspectos liberalizadores del suelo, cuando en realidad -contra lo que predica el propio Gobierno catalán- el proyecto de CiU no ha sido capaz de acotar los efectos más nocivos y especulativos de la legislación estatal del PP, una auténtica pista libre a los intereses de los promotores.

Desde una vocación municipalista, la situación es inadmisible y el rechazo a esta ley debe ser total. El Gobierno de CiU ha dejado escapar una magnífica ocasión de llegar a un consenso para conseguir, por fin, una ordenación de la gestión del suelo y del urbanismo que responda a las necesidades reales del país.

Manuel Royes es presidente de la Diputació de Barcelona.