El desacuerdo sobre la patente comunitaria dificulta el despegue de la investigación

El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, ha urgido a la Unión Europea (UE) en diferentes ocasiones a aprobar la patente comunitaria. Pero ni siquiera el llamamiento hecho desde Milán el pasado día 19 de marzo por parte de los directivos de las principales compañías industriales de Europa ha sido capaz de desbloquear la situación entre los Quince.

Con el actual sistema que funciona en Europa, las empresas y los científicos deben registrar su patente en cada uno de los 15 países de la UE. En cada paso, las autoridades nacionales exigen la traducción oficial al idioma correspondiente y, además, dejan claro que son los tribunales de cada uno de esos países los competentes para dirimir conflictos. Todo ello frena y encarece el proceso. La propuesta de la Comisión Europea es crear una especie de ventanilla única (que aprovecharía la ya existente Oficina Europea de Patentes con sede en Múnich) y un tribunal europeo que dirima las disputas.

El equipo de Prodi acariciaba la esperanza de que los jefes de Estado reunidos en Estocolmo aprobaran la patente comunitaria, pero volvió a Bruselas sin ella porque varios países, entre ellos España, bloquea el acuerdo en un ejemplo, según una fuente comunitaria, del abismo que suele haber entre la práctica y las declaraciones públicas de los líderes europeos.

La traducción de los registros de las patentes se lleva en Europa hasta la cuarta parte del total de los gastos que comporta todo el proceso. De hecho, según aseguran en la Dirección de Investigación de la Comisión, el 80% de las patentes europeas se registran ya sólo en inglés. Por eso, Bruselas propone que la patente comunitaria se pueda registrar en uno de los tres idiomas que utiliza la oficina de Múnich, es decir, el francés, el inglés o el alemán. España no lo acepta. Pero nuestro país no está solo en esta batalla lingüística. Italia, Portugal, Grecia, Finlandia y Bélgica (este último defiende el flamenco, además del francés) también se oponen.

Alemania no está de acuerdo en instituir un solo tribunal de propiedad industrial para dirimir litigios. Pero, además, algunos países, entre los que también se encuentra España, temen perder los ingresos que los registros de patentes nacionales les reportan.

El resultado, a ojos de la Comisión Europea, es que los intereses políticos nacionales impiden dotar a Europa de la competitividad que necesita a nivel mundial y las empresas europeas (en especial las pequeñas y medianas) son las que están pagando los platos rotos.

España asegura, en contra de lo manifestado por otras fuentes, que su principal oposición no es el marco lingüístico, sino la ausencia de debate profundo sobre todas las pequeñas cuestiones problemáticas que suscita el proyecto. 'Si los Quince discuten verdaderamente sus diferentes posiciones en las próximas semanas, este asunto puede quedar desbloqueado en el próximo consejo de ministros de Mercado Interior de junio', aventura una fuente diplomática española.

La Comisión Europea no es tan optimista y cree que cada día que pasa se acrecienta la distancia de Europa con EE UU y Japón. No obstante, los líderes europeos se comprometieron en Lisboa el pasado año a tener aprobada la patente antes de que acabe el año.

A pesar de todo ello, las demandas de patentes en Europa no paran de crecer y la mitad de las más de 80.000 peticiones que recibe anualmente la oficina de Múnich provienen de Europa. Los países más potentes, con casi las tres cuartas partes de las patentes, son Alemania, Francia y Reino Unido. España, en cambio, está muy por debajo de la media comunitaria. Sin embargo, según el último anuario de Eurostat sobre ciencia y tecnología, el mayor crecimiento se está observando en Irlanda, España, Finlandia y Grecia, donde el porcentaje de patentes registradas se ha duplicado en 10 años.