La UE pone en marcha un registro de 'ilegales' mayores de 14 años

La idea surgió inicialmente en Alemania, pero fue aceptada por todos los países de la UE, salvo Dinamarca, donde no se aplicará la fórmula. En el origen, se trataba de que todos los países europeos dispusieran de un banco de datos sobre peticionarios de asilo para evitar que las mismas personas pudieran presentar diferentes demandas en distintos países. Los Gobiernos intentaban saber también, mediante ese sistema, si algunos peticionarios de asilo ya habían visto rechazadas sus demandas con antelación en otro país de la Unión Europea.

Sin embargo, y a la hora de redactar el reglamento de Eurodac a finales de 2000, algunos países propusieron que el banco de datos se ampliara a los inmigrantes ilegales descubiertos en las fronteras, puertos o aeropuertos de la UE. La iniciativa se recogió en el artículo octavo del reglamento. También serán registrados los no europeos retenidos o detenidos que se nieguen a ser identificados, o de quienes la policía sospeche que ya han pedido asilo en otro Estado europeo.

En estos momentos son los 14 países que han dado su visto bueno al proyecto y al reglamento los que ya han puesto en marcha sus propios bancos de datos, según fuentes oficiales de la Comisión. Paralelamente, el Ejecutivo comunitario se ha puesto en contacto con diversas empresas de alta tecnología para que faciliten los medios adecuados para poner en red todas las informaciones, de forma que las autoridades nacionales autorizadas puedan conocer los datos almacenados en cada país, si bien tendrán que realizar previamente una solicitud.

La Comisión ya ha realizado estudios teóricos para crear esa unidad central que gestionará la base central de datos con las informaciones dactilográficas, así como los medios técnicos de transmisión entre los Gobiernos y la base general de datos. Está previsto que el centro esté en funcionamiento a finales de este año, momento en que los Gobiernos volcarán sus datos en la central.

De acuerdo con el reglamento aprobado por el Consejo de la UE, los datos serán conservados al menos durante 10 años, si bien deben ser destruidos en el momento en que las personas registradas adquieran ciudadanía en alguno de los Estados de la UE. El periodo mínimo de conservación de las huellas de los inmigrantes ilegales será de dos años.

El límite de los 14 años ha sido criticado por algunos eurodiputados, quienes mantienen que sólo deberían ser fichados quienes hayan superado la edad penal o la mayoría de edad, pero los ministros de Interior y de Justicia sostienen que no se trata de 'criminalizar' a todos los ilegales o peticionarios de asilo, sino de tener unas estadísticas centralizadas de los movimientos que se registran al margen de las leyes europeas.