Encrucijada argentina

Al candidato a la presidencia argentina que no obtuvo más del 10% de los votos en las últimas elecciones, Domingo Cavallo, le acaba de conceder la Cámara de Diputados los primeros poderes especiales para, en la práctica, gobernar por decreto durante un año, con el fin de superar la crítica situación económica del país. Una decisión controvertida, pendiente todavía del escollo del Senado, que no ha fortalecido precisamente la ya precaria Alianza gubernamental. Esas facultades excepcionales concedidas al Gobierno acompañan la promulgada Ley de Competitividad en la que el 'superministro' basa su plan de salvamento. Un conjunto de medidas entre las que cabe destacar la reforma del Estado para reducir el gasto público, una reforma tributaria o elevaciones arancelarias sobre las importaciones de bienes de consumo de fuera de Mercosur y reducciones de las que gravan las importaciones de bienes de capital. Todo ello, sin modificar el singular régimen cambiario que estableció un tipo fijo de paridad frente al dólar.

Un conjunto de actuaciones menos ortodoxas que las propuestas por su brevísimo antecesor, el dimitido economista de la escuela de Chicago López Murphy, pero que no garantiza la normalización de la situación económica. En gran medida, la principal restricción al crecimiento de Argentina radica precisamente en lo que se considera inamovible, el tipo de cambio fijo frente al dólar, que ha dañado seriamente la capacidad competitiva de las exportaciones y la ha hecho tremendamente permeable a las importaciones de otros países cuya moneda ha sido objeto de depreciación. El real brasileño, sin ir más lejos. La financiación de ese déficit exterior requiere capitales cuya disposición está condicionada por una aversión al riesgo y la rentabilidad potencial y la capacidad de reembolso de los posibles prestatarios. Decía Cavallo en Madrid que no necesita recursos financieros, sino inversiones directas; como si éstas no requirieran muchos dólares adicionales a los ya comprometidos por el Fondo Monetario Internacional, y no dispusieran de una aversión al riesgo similar a la de los flujos crediticios.

España, además de los 1.000 millones de dólares aportados al paquete comprometido por el FMI el pasado diciembre, es el principal inversor en Argentina, con activos próximos a los 5 billones de pesetas. En consecuencia, algunas de sus principales empresas y bancos tienen razones para contemplar con cautela e inquietud la evolución de los acontecimientos. A pesar de que los mercados de bonos y acciones han reaccionado favorablemente al inicial respaldo parlamentario del plan Cavallo, la degradación de la solvencia decidida por una de las más importantes agencias de calificación crediticia no favorece precisamente esa continuidad de las inversiones.

Más allá de lo decidido contrarreloj por la Cámara de Diputados, la situación política no es tranquilizadora. Cavallo gozará de un cierto margen de maniobra, pero en modo alguno ese respaldo que todavía debe ratificar el Senado será incondicional e indefinido. Reducir el déficit público en un país en el que los ingresos tributarios apenas alcanzan el 18% del PIB exigirá actuaciones decididas contra el inmenso fraude fiscal; la rebaja del gasto perjudicará a sectores que tampoco facilitarán la aplicación de las medidas; la atracción de capitales exteriores, por último, requerirá que los argentinos exhiban esa renovada confianza que Cavallo reclama como precondición para que su recetario disponga de la mínima eficacia. Todo ello abona no pocas dudas sobre las posibilidades de éxito de este plan de salvamento, justo diez años después de aquel otro que le concediera el predicamento que ahora trata de hacer valer.