El Congreso argentino modifica algunos artículos de la 'ley Cavallo'

La Cámara de Diputados argentina introdujo ayer cambios importantes en el articulado de la ley de poderes extraordinarios para el Gobierno. La discusión de esta iniciativa, que facultaría al Ejecutivo para aplicar las reformas planteadas por el superministro de Economía, Domingo Cavallo, se inició el domingo por la noche y ha obligado a los diputados a mantener maratonianas sesiones de más de 12 horas y en horario nocturno.

En su última sesión (que tenía previsto proseguir durante la madrugada), los diputados modificaron sustancialmente algunos artículos del proyecto enviado al Parlamento por Cavallo, que ayer regresó de España.

El proyecto de ley de superpoderes, como lo ha bautizado la prensa local, quedó aprobado en la madrugada del lunes, aunque con algunos recortes. En el posterior debate artículo por artículo es cuando han llegado los cambios.

Hasta la pasada madrugada, los diputados se concentraron en el primero de ellos, donde se fija el alcance de la delegación de facultades al Gobierno sobre 'materias de administración'. Uno de los puntos que generó mayor polémica entre diputados de la Alianza gobernante y los del Partido Justicialista (peronista), el principal de la oposición, es el que se refiere a la posibilidad de que el Ejecutivo garantice 'las operaciones de crédito público mediante la afectación [utilización] de recursos o activos públicos', que terminó siendo modificado. En medio del acalorado debate, los peronistas amenazaron con abandonar el recinto para impedir la votación. También sufrió cambios el artículo en el que se vincula al personal de una serie de entes estatales a las 'normas de derecho común' con el objetivo de mantener los convenios y estatutos especiales que rigen para los empleados públicos.

Un anexo fue agregado a otro de los incisos para que las facultades otorgadas al Ejecutivo impidan la privatización o concesión de determinados organismos y empresas públicas. El proyecto otorga poderes legislativos limitados al Gobierno por un año, durante el cual podrá decidir la fusión, centralización o transformación de las entidades descentralizadas en 'empresas, sociedades u otra forma de organización jurídica'.

Una vez que el proyecto sea aprobado en la Cámara baja, pasará al Senado, dominado por la oposición peronista, que amenaza con eliminar las reformas.