El Congreso argentino da plenos poderes a Cavallo para gobernar un año por decreto

'Nadie votó convencido. Ha sido un voto amargo', resumió el portavoz del Grupo Parlamentario justicialista (oposición), Humberto Roggero, cuyo respaldo fue decisivo para los planes del Gobierno. La Cámara de Diputados aprobó por la mañana, por 153 votos a favor y 81 en contra, los poderes especiales. Los senadores ratificaron por la tarde la votación de los diputados. El malestar de los que rechazaron la propuesta era mayúsculo.

La diputada radical Elisa Carrió, que formalmente todavía pertenece a la Alianza gubernamental, dijo que los legisladores que votaron los poderes especiales para Cavallo violaron la Constitución y tendrían que ser juzgados 'por traición a la patria'. Para el llamado sindicalismo disidente, que mantiene la convocatoria de huelga general para el 4 y 5 de abril, 'es un bochorno para la República y la democracia'. Hay voces que hablan, incluso, de fujimorazo, recordando el autogolpe de Estado del ex presidente peruano Alberto Fujimori, que en abril de 1992 disolvió el Parlamento.

La concesión de plenos poderes ha provocado divisiones tanto en la maltrecha Alianza como en el opositor Partido Justicialista (PJ, peronista). Unos y otros rompieron la disciplina de voto. Las facultades que el Congreso otorga al Gobierno, a petición del ministro de Economía, acompañan a la ley de Competitividad, que fue promulgada el sábado. La interpretación de lo votado ayer, mientras Cavallo se encontraba en España, también es motivo de discusión entre los legisladores. Formalmente, el Gobierno podrá fusionar, centralizar o descentralizar organismos de la Administración estatal, garantizar con activos públicos u otros recursos el pago de la deuda externa del sector público (150.000 millones de dólares), modificar la ley de ministerios, crear o eliminar exenciones impositivas o derogar leyes para profundizar la desregulación económica.

Los poderes que el Congreso votó ayer impiden, formalmente, al Gobierno despedir a funcionarios y rebajar sueldos y jubilaciones. Pero, por otra parte, la estabilidad de los empleados públicos queda en entredicho ya que el Gobierno podrá transferir a sus funcionarios al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo (hasta ahora se rigen por una ley especial), que otorga menos beneficios. A partir de un año podrían empezar los despidos porque la ley sí lo permitiría, señaló ayer la diputada Carrió.

Por otra parte, la modificación de la Ley de Ministerios augura conflictos en el seno del Ejecutivo, concretamente entre el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, de quien dependen las relaciones económicas internacionales, y Cavallo, que pretende asumir dicha potestad para poder negociar con el Mercosur y el ALCA.Según lo aprobado ayer, no se podrá modificar la ley de convertibilidad, que establece la paridad del peso con el dólar, el Código Civil y de Comercio, ni se podrán privatizar empresas públicas, universidades, el Banco Nación ni entes reguladores de servicios públicos. Sí permite, en cambio, la transformación de entes estatales en sociedades anónimas, lo que, en opinión de quienes votaron en contra, abrirá la puerta a una posterior privatización con la eventual venta futura de acciones.

La ley es tramposa, innecesaria y con pocos detalles, claman al unísono los diputados que no dieron su voto y recuerdan que se han concedido poderes excesivamente amplios a un político con un talante proclive al autoritarismo. Para quienes votaron los amplios poderes, como la diputada Cristina Guevara (Alianza), 'la situación es muy crítica' y exige reformas profundas. Tras aprobarse la ley en su conjunto, en una sesión maratoniana que duró más de 13 horas, se inició la discusión de cada uno de los puntos que componen cada artículo de la ley, pero en medio de muestras de cansancio los diputados aprobaron sólo uno de ellos y acordaron hacer un receso.

Hoy entrará en vigor el nuevo impuesto que grava con el 0,6% todas las transacciones financieras en los bancos con el que Cavallo pretende controlar la evasión, aumentar la recaudación y oxigenar al sector productivo. De momento, la opinión pública lo ha recibido como un nuevo impuesto, aunque el Gobierno promete que cuando comience a funcionar se descontará de otros impuestos.