Marzo en Argentina

No es frecuente, pero tampoco inusual, que acontecimientos decisivos del pasado de un país rompan alguna de las compuertas con que se los mantiene aprisionados en la memoria colectiva y reaparezcan en el mismo momento en que turbulencias del presente agitan la vida de sus habitantes. Eso ocurre este mes de marzo en Argentina, en particular esta semana en que se cumplen 25 años del golpe militar que sometió al país a la dictadura más atroz de las varias que vivió en el siglo XX, mientras el presidente Fernando de la Rúa recompone su Gobierno tras la seria crisis política sufrida a poco más de un año de llegar a la Casa Rosada.

Diez días atrás, el juez federal Gabriel Cavallo aportó el tercer elemento aleccionador de este otoño austral al declarar la inconstitucionalidad e invalidez de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que exculparon a los militares acusados de delitos aberrantes cometidos durante la llamada guerra sucia. Además, por esos días se publicó en Buenos Aires un libro sobre el ex teniente general Jorge Rafael Videla, primer presidente de la dictadura, en el que éste habría asumido la lógica mesiánica de las acciones por las que ya fue condenado a cadena perpetua e indultado.

La dictadura marcó un antes y un después de Argentina como país civilizado

De esta manera, se han dado cita el puro presente (para muchos angustioso, ya que la crisis de Gobierno tiene su eje en una situación económica de recesión que condiciona su subsistencia), una etapa reciente (1986-87, ya en democracia, cuando fueron aprobadas las leyes de impunidad ahora anuladas) y un pasado ominoso, más lejano, cuya fecha simbólica es la del golpe de Estado de 1976, pero que tiene resonancias mucho más amplias y profundas. En primer lugar, por la magnitud de lo ocurrido -un antes y después de Argentina como país civilizado- y además porque remite a las convulsiones sociales de los años sesenta y setenta, no sólo en el país sino en el resto de América Latina.

Es probable que estos acontecimientos afecten de forma muy desigual a la población, acosada por los problemas actuales. Sin embargo, tanto la decisión del juez como la reflexión sobre el 25 aniversario del golpe encierran algunas de las claves que remiten a lo ahora existente, aunque desde el punto de vista de un imperativo ético -el establecimiento de la justicia tras el conocimiento de la verdad-, paso previo indispensable para avanzar en una restitución global de ese pasado a la propia historia del país, puesto que de él ha surgido y afecta a todos sus miembros. Claro que de distinta manera.

Esa tarea está por hacer, y no es seguro que sea consumada inexorablemente. Otros países sacudidos por tragedias equivalentes no lo han hecho, o han mutilado esa herencia por conveniencias múltiples de la coyuntura y omisiones culpables. Algunos otros han aprovechado las lecciones del pasado para sintetizarlas en una proyección positiva de futuro. En todos los casos, sin embargo, no sólo la cultura política sino la civilización que ha dado estos frutos tan amargos han sido puestas en cuestión: Alemania y sus campos nazis; la URSS y su Gulag; Francia y su Vichy; España y su franquismo. Y tantos otros.

El país ha cambiado en estos 25 años -desde hace casi dos décadas se rige por un sistema democrático-, pero no es otro respecto de sí mismo. También la circunstancia histórica se ha modificado, tanto en sus paradigmas sociales como en su idea de futuro (o falta de futuro). La mayoría de los oficiales del Ejército actual no participó en la pasada represión. El juez Cavallo tiene 42 años: era un adolescente cuando los jefes golpistas elaboraron el plan de exterminio. Ahora sentencia sobre sus secuelas teniendo en cuenta pactos internacionales y el derecho de gentes, que incluyen los crímenes de lesa humanidad: 'Estos son delitos', ha dicho, 'que a la comunidad internacional le interesa perseguir. La gente cree que los juicios por los crímenes cometidos por los nazis se acabaron en Nüremberg, pero no es así. Hoy en día, 50 años después, hay investigaciones en curso. Así que a los que me dicen que pasaron 14 años respondo que son bastante menos de los que pasaron en otros lados'.

La mayor parte de los ejemplos históricos del siglo enseña que el terror de Estado tarda años, a veces décadas, en ser admitido, investigado, juzgado. Que cuenta con factores políticos, sociales y culturales que lo hacen posible; que por distintas causas recibe la complicidad de instituciones, grupos de poder y de parte de la población; que a las víctimas directas que logran escapar del infierno al comienzo no se les cree -portadoras como son de una verdad demasiado infamante sobre la condición humana del verdugo-; que esa verdad a veces se abre paso -en general impulsada por una frágil y a la vez firme cadena de voluntades individuales y de grupo- y que en ocasiones pasa de una generación a otra.

Como siempre, también en el caso de la última dictadura argentina, la primera pregunta fue: ¿Qué pasó? A ella respondieron miles de testimonios, primero en el exterior del país -mientras el régimen duraba- y luego ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada a finales de l983 por el presidente Raúl Alfonsín para contribuir al esclarecimiento de los hechos, lo que en ese momento de recuperación de la democracia era una demanda de la sociedad. Su estremecedor informe, Nunca más, recogía 9.000 casos de desapariciones documentadas y sugería la existencia de otras no denunciadas, que distintos organismos de derechos humanos cifraron entre 15.000 y 20.000 más.

El informe, vale la pena recordarlo, revela la existencia de una matanza planificada, de 340 centros clandestinos de detención, la aplicación sistemática de torturas, los fusilamientos clandestinos masivos, el robos de niños. Y descarta que 'la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje', que alcanza 'la tenebrosa categoría de crímenes de lesa humanidad', fuera el producto de 'excesos individuales' sino el fruto de la 'orgánica y estatal represión de las Fuerzas Armadas'. Nunca más documenta que de esos 9.000 desaparecidos entre 1976 y 1978, de distintas profesiones y en todo el territorio del país, la mitad eran jóvenes obreros y estudiantes de entre 21 y 30 años.

Poco después, nueve ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas fueron procesados y dos de ellos condenados a cadena perpetua por la justicia civil, en un juicio con pocos antecedentes en el mundo. Pero, ante la posibilidad cierta de que se abrieran numerosos juicios contra militares de distinto rango que participaron en esos delitos, la presión e insubordinación del Ejército logró finalmente que Alfonsín promulgara las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que tuvieron aprobación parlamentaria. Se clausuraba así la posibilidad de investigar y juzgar unos hechos que además de afectar directamente a miles de víctimas y sus familiares marcaban una frontera abismal a la que no muchos querían asomarse.

La tarea fue completada por Carlos Menem en 1990, a poco de llegar a la presidencia, con el indulto a los ex comandantes condenados, lo que abrió una década de Gobierno caracterizada en este terreno por el afianzamiento de diversas impunidades. En 1998, sin embargo, el Parlamento derogó las dos leyes citadas, aunque no con carácter retroactivo. Tras esta accidentada pugna por restablecer la justicia, en la que los organismos de defensa de los derechos humanos desempeñaron un papel crucial, se llega hasta el presente. Las posibilidades de que haya nuevos juicios son todavía jurídicamente inciertas, pero se producen en un momento en que existen varios frentes judiciales abiertos fuera de Argentina, como el que sustancia el juez Baltasar Garzón en España en relación con casi cien militares y policías acusados de 'genocidio, terrorismo y torturas'.

La pregunta sobre qué pasó entonces se vincula con otra no menos crucial, que no corresponde dilucidar a los tribunales de justicia sino a la sociedad en una reflexión sobre su pasado: ¿Por qué pasó? ¿Cómo fue posible esa barbarie? Y las respuestas son aún escasas. Anulada por su propia acción criminal, la justificación de los jefes militares golpistas aducía 'el vacío de poder' y 'la lucha contra el terrorismo y la subversión' de los primeros setenta como factores que motivaron su cruzada.

Restablecida la democracia, se impuso como explicación la teoría de los dos demonios, que en una espiral de acción y reacción habría enfrentado a 'terrorismos' de distinto signo, a la 'subversión' y a las 'Fuerzas Armadas'. Esta argumentación tranquilizadora, que es periódicamente cuestionada, sustrajo del cuadro de responsabilidades de los años setenta nada menos que al resto de la sociedad, que aparecía así aprisionada entre fuerzas externas a ella.

Sin embargo, otras circunstancias no han sido suficientemente valoradas: la larga tradición, que arranca en 1930, de autoritarismo civil y de golpes militares, coronados con represión y posteriores pactos de silencio; la participación y apoyo de partidos políticos a las movilizaciones y enfrentamientos fratricidas; el respaldo empresarial a unos planes económicos impuestos por la fuerza de las armas; las bendiciones bíblicas de algunos miembros de la jerarquía católica a la salvación del país por parte del Ejército (sobre lo que ambas instituciones esbozaron una reciente autocrítica); los escuadrones ultraderechistas alimentados desde el Estado; el sustento social a la lógica militarista de los grupos guerrilleros; y un contexto regional poblado en los setenta de regímenes castrenses entrenados para combatir 'al enemigo interior'. Estos factores, entre otros, no deberían estar ausentes de un discurso sobre la época que sea más justo y aleccionador.