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Bruselas estudia si el líder de la derecha italiana favoreció a su grupo empresarial

La carrera de Silvio Berlusconi hacia el puesto de primer ministro de Italia se topa con un nuevo frente de batalla en Bruselas. A la petición del juez español Baltasar Garzón de levantar la inmunidad parlamentaria del político italiano en la Eurocámara se suman ahora las explicaciones que la Comisión Europea ha solicitado a las autoridades italianas para aclarar si el grupo Mediaset, propiedad de Berlusconi, ha recibido ayudas de Estado gracias a una ley aprobada en 1994, cuando Berlusconi era primer ministro.

Este segundo frente contra Berlusconi, abierto en plena precampaña electoral italiana, tiene su origen en una denuncia presentada en diciembre ante los servicios de la Dirección General de la Competencia de la UE, en manos del italiano Mario Monti, por el senador Antonio di Pietro y por el abogado Franceso Paola. La denuncia señala que la Ley Tremonti ha sido aplicada a favor de Mediaset 'gracias a una circular adoptada en el mismo momento que la ley', explicó una fuente comunitaria.

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La denuncia se plantea sobre tres pilares. Primero, Di Pietro y Paola alegan que Berlusconi incurrió en un conflicto de intereses por haber aprobado la circular cuando era a la vez primer ministro y propietario de Mediaset. 'Aquí, la Comisión Europea no puede intervenir', apuntó la fuente. En segundo lugar, se denuncia que Mediaset se habría beneficiado de una exoneración fiscal. 'Es aquí donde pedimos explicaciones al Gobierno italiano', añadió la fuente. Por último, la denuncia se refiere a una presunta violación de la legislación antimonopolio.

La Comisión Europea insiste en que antes de aceptar a trámite una denuncia debe estudiarla para ver si está fundada. Al tratarse de una posible infracción de la legislación comunitaria en materia de ayudas de Estado, Bruselas está obligada a dar al Gobierno en cuestión la posibilidad de responder a las alegaciones de los denunciantes. Por eso, los servicios de la Competencia enviaron en febrero al Gobierno italiano una carta pidiendo explicaciones sobre la ley en cuestión.

'Pero esta decisión no prejuzga en nada la posición de la Comisión Europea en la materia', concluyó la portavoz de Mario Monti.

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